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Opinión

Proclividad centralista y autoritaria

Por: Saúl Lara Espinoza

En el ejercicio práctico del poder público en México existe una extraordinaria proclividad centralista y autoritaria que da al traste con la famosa teoría de la división de poderes, postulada a mediados del siglo 18 por Charles Louis de Secondat, barón de la Bréde y de Montesquieu, la cual fue adoptada desde el nacimiento del Estado liberal por prácticamente todas las constituciones políticas en el mundo.

Esta proclividad se extiende en nuestro país a todas las entidades federativas, y Sinaloa por supuesto no ha sido ni es la excepción. Es una reminiscencia del absolutismo español que aún pervive en la práctica política después de celebrarse con bombo y platillo el 2010 los 200 años de Independencia y 100 de Revolución Mexicana. Recordamos alrededor de esa celebración los bonitos actos y homenajes que vivimos, y tantos libros que se publicaron y leímos en ese contexto.

También vienen a nuestra memoria los preciosos discursos que escuchamos en los homenajes cívicos, lástima que se apartan en la práctica de ese principio constitucional en particular, y de muchos otros contenidos también en nuestra Carta Magna. Esta conducta no es otra cosa más que centralismo de poder, y significa una forma evidentemente autoritaria de su ejercicio, posiblemente desplegado de manera inconsciente por simple costumbre heredada del yugo español.

Como quiera que este sea, significa un serio abuso en el ejercicio del poder público en México que agrieta enormemente en los hechos nuestra arquitectura constitucional. La evidencia está en la práctica cotidiana. La observamos de mil maneras todos los días, y se manifiesta en las expresiones mismas de nuestros políticos tradicionales. Es más, hasta en sus gestos se le observa, para acabar pronto y no ir tan lejos en especulaciones teóricas.

Lo malo es que esa forma centralista y autoritaria de ejercer el poder público genera muchos problemas, que se traducen en múltiples irregularidades de toda índole. Esa forma irregular se manifiesta de manera concreta en la falta de respeto al principio de división de poderes. Si no, pregúntenle a los legisladores. 

Por ejemplo, para no ir muy lejos, aquí en Sinaloa el Poder Legislativo no funciona como debiera, ya que desde hace muchos sexenios, el Ejecutivo traza la forma en que este debe operar. Si no lo creen, solo basta con recordar el comportamiento que han tenido muchas legislaturas y sus integrantes, y observar hoy la conducta de la inmensa mayoría de nuestros diputados locales, aunque da pena ajena y seguramente no les guste.

De ahí derivan gran parte de los males públicos. Aquí está un tema que justifica por sí mismo una nueva Constitución Política para Sinaloa que desde esta columna la proponemos, en el marco de los llamados Compromisos por Sinaloa.

Esta propuesta no es por mera ocurrencia, es una necesidad que se acredita por muchísimos otros hechos, y ante las abundantes evidencias empíricas que poseemos para sostenerlo. Ahí está la propuesta, se las dejamos por si existe verdadera y genuina seriedad hacia un cambio profundo.