Opinión

Protección a periodistas, fuera de las prioridades de la #4T

EL ANCLA

Por  Luis Enrique Ramírez

Seis periodistas mexicanos asesinados en un lapso de seis semanas: justo lo que va del actual Gobierno federal.

El sexenio pasado dejó un indignante récord de comunicadores cuyas vidas fueron arrebatadas; el caso de Veracruz sobrepasó todo límite durante la tiranía de Javier Duarte, cuya aprehensión se tardó demasiado; ocurrió cuando ya había hecho demasiado daño a todo el pueblo bajo su mando, pero en particular la cantidad de homicidios de periodistas se multiplicó frente a los ojos de todos, impunemente, pese a las protestas internacionales.

Nos resistimos a creer que el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador supere al de Enrique Peña Nieto en crímenes de comunicadores, pero seis casos son demasiados a tan escasos días de mandato.

El más reciente ocurrió el sábado en San Luis Río Colorado, Sonora. Santiago Barroso, especialista en temas de seguridad pública, tenía un programa de radio, dirigía el portal de noticias Red 653 y escribía en el semanario Contraseña.

Su último texto publicado se tituló «San Luis Río Colorado, la ruta del Chapo», donde reveló que Joaquín Guzmán Loera incluyó a esa ciudad en el trasiego de drogas hacia San Luis, Arizona.

Todavía con el dolor colectivo por el asesinato de Javier Valdez el 15 de mayo del 2017 en Culiacán, el gremio sinaloense reafirma su vocación solidaria con todos los periodistas cuyas vidas son arrebatadas por el ejercicio de su profesión.

Hoy, el gremio periodístico local saldrá a la calle para protestar por el crimen de Santiago Barroso. Se honrará su memoria y se exigirá encontrar a los culpables, pero también se planteará la exigencia de mayores garantías para el ejercicio periodístico en Sinaloa.

Según datos de la Fiscalía General de Sinaloa y de notas de prensa, durante el presente año se han documentado por lo menos siete agresiones contra comunicadores y defensores de derechos humanos en el estado.

La concentración tendrá lugar hoy a las 10:00 horas a las afueras de la catedral de Culiacán. A la misma hora se desarrollarán protestas simultáneas en Sonora y Baja California.

El clima para el desarrollo del ejercicio periodístico se ha oscurecido, particularmente en los días recientes, y cada vez desde nuevos frentes.

Hoy, ejercer el derecho de pedir información pública por las vías legales pone en riesgo la integridad del solicitante. En EL DEBATE hemos sido víctimas de dos casos en un espacio de un mes: la integridad de dos integrantes de nuestro equipo de redacción fue puesta en riesgo desde las esferas oficiales, que violaron las disposiciones que marca la ley en materia de protección de datos personales. Sujetos desconocidos, ajenos a los trámites realizados por los periodistas, los abordaron para hablar de la información solicitada (en un caso vía telefónica, y en otro en el domicilio particular de una compañera), que obviamente alguien les filtró ilegalmente. El objetivo fue claramente intimidatorio. Los posibles afectados trataron de impedir que la información fuera publicada y llegaron al extremo de invadir el espacio personal de los periodistas, con la complicidad de aquellos cuya misión es custodiar y hacer valer el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública; no solo no lo hicieron, sino que incumplieron con lo que manda la Ley de Protección de Datos Personales. La gravedad del hecho va más allá de la violación a la legislación vigente: de manera irresponsable, colocan en riesgo la integridad de los periodistas.

Un dato final que resulta revelador: el reportero sonorense Santiago Barroso fue asesinado en el que debiera ser su espacio más íntimo y seguro: su casa. Tocaron la puerta, él abrió y recibió tres balazos que pusieron fin a su vida.