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Publicidad oficial

El dinero que los gobernantes utilizan para hacerse propaganda es un nido de corrupción que en México vale aproximadamente 8 mil 500 millones de pesos anuales. Recurso que sale del bolsillo del contribuyente y que beneficia a muy pocos. Capital que también sirve para silenciar, torcer y tergiversar la línea editorial de muchos medios de comunicación.

Cuando la publicidad oficial no está regulada de manera correcta se presta para hacer negocios indebidos, a la vez que atenta contra la libertad de prensa y expresión. Es el caso de nuestro país donde crece todos los días el costo económico y político que produce la ausencia de normas adecuadas.

No sólo se trata del quebranto sobre la hacienda pública sino también de la asimetría con la que son tratados los medios y los profesionales de la política. Los medios amigos reciben partidas generosas, mientras que los enemigos —no importa cuánta audiencia o lectoría posean— suelen ser maltratados. "No pago para que me peguen," decía por lo bajo una consigna en tiempos de José López Portillo.

Una injusticia similar experimentan los aspirantes a un puesto de elección popular. Más recurso para promocionar imagen y nombre tienen los funcionarios que están cerca de una tesorería grande. Con las reglas actuales, por ejemplo, si se quiere ser jefe de gobierno del Distrito Federal, es buena cosa ser delegado en Miguel Hidalgo y mala serlo en Tláhuac. O para ser presidente, ser gobernador del Estado de México y pésima venir de Tlaxcala.

Democracias menos jóvenes que la mexicana cuentan con leyes dispuestas para combatir el despilfarro, la corrupción y la asimetría que puede provocar la publicidad oficial. Nuestro país, en contraste, aún padece por este tema pendiente.

De acuerdo con el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial —elaborado por las organizaciones Artículo XIX (México) y Fundar— la inversión del Estado mexicano creció, entre 2005 y 2012, alrededor de un 85%.

Se trata de un pozo sin fondo: la mitad de las entidades federativas suelen gastar más de 2 tercios sobre los techos autorizados originalmente por sus congresos locales. En 2013, Nuevo León y Yucatán, por ejemplo, excedieron su presupuesto para este rubro en 400%, Colima, Morelos, Chihuahua y Nayarit en 300%, Tlaxcala y Baja California en 200%.

La falta de transparencia es factor central de este mal público. A pesar de significar una cantidad grande, tanto los poderes Ejecutivos como los Legislativos prefieren ser omisos a la hora de entregar información sobre los recursos gastados, los propósitos del gasto, el destino de los dineros y la justificación detrás de cada erogación.

Además es frecuente que los funcionarios violen la Constitución, que explícitamente prohibe la propaganda oficial cuando esta incluye nombres o imágenes, así como voces o símbolos que implican promoción personalizada de servidores públicos.

Es moda reciente que medios de dudosa reputación compren espacios espectaculares en las grandes avenidas del país para promocionar la portada de sus revistas donde, sin ningún azar, se publicita el rostro de un gobernador, un presidente municipal o un jefe delegacional.

Se defienden los servidores asegurando que no fue con dinero del contribuyente que lograron tal distinción y sin embargo resulta difícil creerles, precisamente por la falta de transparencia con que se gasta en publicidad oficial.

Antes de concluir esta reflexión vale la pena recordar que el jueves 30 de agosto de 2012, Enrique Peña Nieto ofreció crear una instancia dedicada a supervisar la contratación de publicidad gubernamental en medios de comunicación.

Promesa que luego fue retomada en el Pacto por México. En el compromiso 96 se ofreció crear una instancia ciudadana y autónoma, dedicada a supervisar la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno y garante para que ese gasto responda a los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y acceso a la información.

Peña Nieto y los partidos nos deben todavía el órgano prometido y me temo que seguirán indolentes con el asunto. Cuando se es beneficiario del negocio de la publicidad oficial, la adicción a esta herramienta política es muy difícil de abandonar.