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La vocación del Estado es el autoritarismo. Tal condición suele manifestarse en el ejercicio de la autoridad por el Gobierno, que está formado por hombres comunes y corrientes que llegan a creer, equivocadamente, que ellos son el Estado y no los servidores del pueblo.

De esta confusión de los gobernantes proviene su rechazo a la crítica y la fiscalización públicas. No debe sorprendernos, pues, que un Gobierno así confundido, como el estatal de Nuevo León, rechace sistemáticamente las críticas, tanto mediáticas como populares.

Lo hace primero con el silencio demencial, luego acusando a sus disidentes de mentirosos o de mal informados y, por último, ofreciendo investigar, para luego dictaminar unilateralmente que todo está bien, si no fue que, antes, sepultó críticas y denuncias en una especie de archivo de incunables.

Grupo Reforma publicó ayer una relación de críticas o denuncias de conductas dolosas en el gobierno estatal, que han sido negadas y algunas dizque investigadas, y absueltos informalmente los presuntos culpables o tirados al olvido los indebidos, con la confianza del "experto" imaginero en que los cadáveres políticos también resucitan al tercer día de publicada la nota sobre la desviación de recursos, el peculado, el abuso policiaco o la contratación de amigos o familiares para la construcción de obra pública.

En la lista aparece la operación cucaracha en la que el gobierno ha pagado ya 10 millones de pesos a una empresa de dos muchachitos estudiantes.

Hacen de todo y, en los últimos meses, han facturado esa cantidad fraccionada en varios montos por varias encomiendas incomprobables. Se presume que los chavitos son prestanombres o vendefacturas.

El pago de 1.5 millones de pesos a una asociación civil ligada a un funcionario, las subastas a modo de proveedores favoritos en Agua y Drenaje, la compra de despensas VIP con sobrecostos, son ejemplos de anomalías en las que para la autoridad no hubo culpables, destaca la nota de ayer.

Lo mismo con el desvío de víveres donados para damnificados del huracán "Ingrid", el pago en TV Nuevo León por servicios inexistentes y el reparto de apoyos del DIF por parte de un líder seccional priista.

La contratación de familiares de funcionarios en el Parque Fundidora, el gasto millonario en cineminutos que no se difundieron, el quebranto al Isssteleón y las compras del Cecyte a empresas fantasmas fueron otras irregularidades providenciales.

Ello sin incluir el presunto uso electoral anticipado de un programa insignia ("Paso") de la Secretaría de Desarrollo Social, con la evidente intención de promover la candidatura a gobernador del delfín medinista Federico Vargas, actual titular de la Secretaría en entredicho, cuya inocencia es mentirosamente defendida por los esopos oficiales, más bien defensores del autoritarismo mórbido de la autoridad.

Este clima delictivo, que lo es aunque el Gobierno absuelva a los delincuentes, confundiéndose también con la Judicatura, ésta de suyo igualmente confundida, se sostiene en la promiscuidad en la que están ayuntados el Poder Ejecutivo y la Procuraduría, servidora la segunda del primero y no del pueblo.

Es imprescindible, como ya le ha sido propuesto ciudadanamente al Congreso, separar la persecución del delito de la función de gobernar. La Procuraduría debe perseguir a los infractores de la ley, aunque sean empleados del Ejecutivo y aunque éste o sus ujieres los pongan bajo su manto protector.

Las denuncias fundamentadas de irregularidades en la administración pública deben ser investigadas y llevadas a fin por un procurador independiente que acote y ponga en su lugar el autoritarismo estatista por vocación del Ejecutivo.

El gobierno no debe tirar la piedra, esconder la mano y, encima, dictar jurisprudencia absolutoria al respecto. Y si lo hace, hay que parar y castigar a quien resulte responsable. Eso debe hacerlo el procurador... en el remoto caso de que el nuestro sea un Estado de derecho.

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