Opinión

¿Qué harán con nuestros impuestos en 2015?

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Por: Jorge Chávez Presa

El Paquete Económico para 2015 ya está en el Congreso de la Unión. El viernes 5 de septiembre, tres días antes de la fecha límite, el presidente Peña Nieto envió la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos a la Cámara de Diputados, cámara de origen para todo lo relacionado con impuestos, contribuciones, deuda pública y gasto público.

A diferencia de otros años, el llamado Paquete Económico, que llega a concentrar la atención de los medios, en esta ocasión pasó como algo común y corriente. Quizá fue así porque la "buena noticia" es que para 2015 ya no habrá aumento de impuestos, y que la "mala noticia" sea que la receta tributaria aplicada a partir de 2014 continuará hasta el fin de este sexenio.

Sin embargo, las preguntas fundamentales persisten: ¿Por qué más endeudamiento? ¿Qué uso va a darle el gobierno federal a la amplia gama de impuestos federales, derechos, productos, aprovechamientos y otros que pagamos? ¿Sirvió el fuerte aumento del gasto público en 2014 para estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto? ¿Qué tanto incidirá este Paquete Económico en acelerar la aletargada economía mexicana en 2015? Comentaré sólo sobre algunas.

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En materia de crecimiento económico, los datos parecen mostrar que el aumento del gasto público tiene muy poco impacto. De fines de 2012 a 2014 el gasto neto total del sector público presupuestario (SPP*) habrá aumentado su participación dentro del PIB en 2.4 puntos porcentuales; así el incremento real en el nivel de los egresos públicos alcanzará 14.1%. No obstante este aumento sin precedentes, en ese lapso el PIB creció sólo 1.3% en 2012 y 2.7% en 2013. Ojalá esto sirva para aceptar que más gasto público significa más demanda agregada, pero que más demanda agregada no necesariamente se traduce en una mayor oferta de bienes y servicios de consumo final producidos en el territorio nacional. Más gasto público en economías abiertas y pequeñas tiende a crear empleos en otras partes del mundo.

El mayor gasto público de este bienio se financió primordialmente con más deuda pública en el primer año, mientras que en el segundo con más impuestos y más deuda. De ahí el cuestionamiento de que un gobierno con más impuestos y más deuda para gastar más no llega a ser lo mejor. Por ello importa más la calidad en el destino y ejercicio del gasto público que el volumen. En este sentido, al menos desde la perspectiva de las erogaciones, pareciera que para 2015 ya hay una reconsideración importante en la política de la hacienda pública. Nótese que para 2015 el incremento del gasto público del SPP* se modera a sólo 1.2% en términos reales con respecto al monto aprobado para 2014.

Para 2015 el gasto público del gobierno federal se financiará 83% con impuestos, derechos, etc., 16.3% con endeudamiento neto y el remanente con diferimiento de pagos. De hecho sobresale que el endeudamiento neto adicional solicitado para 2015 sea de 595 mil millones de pesos (mmp), más 6 mmd de endeudamiento externo, monto ligeramente mayor al aprobado para 2014 que fue de 570 mmp, y 10 mmd. Desde luego el endeudamiento neto como porcentaje del PIB disminuye, por lo que el déficit del gobierno federal como porcentaje del PIB también registraría una reducción marginal en 2015.

Pese a que la inversión pública del gobierno federal aumentará sólo en alrededor de 40 mmp, como porcentaje del PIB la inversión se mantendrá igual. Esta conducta fiscal preocupa. Van más de dos sexenios que el monto de la inversión de la federación sigue siendo menor al endeudamiento neto solicitado. Para 2015 la deuda rebasará a la inversión en 151 mmp (ver Cuenta Doble del Presupuesto de Egresos). Esto significa que parte de la nueva deuda se irá a cubrir gasto corriente e intereses. En consecuencia, la reforma de la hacienda pública sigue aún pendiente, pues el actual Estado de bienestar no alcanza a financiarse ni con la reforma fiscal de 2014 y menos aún en el estancamiento.

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*El SPP comprende al gasto público de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; órganos autónomos, paraestatales, tanto organismos públicos descentralizados como las nuevas Empresas Productivas de Estado.

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