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¿Qué pasa con los poderes del Estado?

La lista es larga y no cesa de ampliarse. La más reciente nota oprobiosa corresponde al Poder Judicial: el escándalo documentado en las páginas de El Universal por la colega Silvia Otero sobre las presuntas asociaciones delictivas entre magistrados y jueces federales y el llamado "Zar de los Casinos". Pero los otros dos poderes de la Unión también han sido motivo de exhibición corrupta. Para señalar dos ejemplos, el caso Oceanografía-Pemex y las denuncias de los "moches" que los diputados han descontado a los "beneficiarios" de sus decisiones presupuestales. En varios estados de la República las cosas no son mejores: el endeudamiento de gobiernos como el de Coahuila en tiempos del Moreira primero o Chihuahua bajo el gobierno del Duarte en la actualidad adquieren la dimensión de alarma para la salud pública que no parece estar siendo atendida apropiadamente.

Entre las virtudes de un sistema democrático, aunque sea enclenque como el mexicano, está la de poner en evidencia los entretelones del poder. A mayores libertades, como la de investigación periodística, mayor información sobre los actos de las autoridades y mejores posibilidades de sanción de sus acciones espurias o francamente corruptas. A la vez, para que una democracia funcione es indispensable que haya contrapesos entre los diferentes poderes y órdenes de gobierno. ¿Se cumple esta norma en México? Al parecer la respuesta tiene que ser doble: sí y no. Por una parte hemos visto una historia de fortalecimiento de poderes que antes estaban sojuzgados: Legislativo, Judicial y gobiernos de los estados. A medida que se dividió el poder político gracias a la equidad electoral, el Poder Legislativo puede contrarrestar los excesos del Ejecutivo y mantener con éste una relación de equilibrio, diálogo y negociación antes impensable. Por su parte el Poder Judicial ha asumido progresivamente la tarea de darle fundamento constitucional al sistema jurídico del país. Recordemos que sus facultades como tribunal constitucional son recientes y apenas el año que viene cumplirá dos décadas de haber iniciado ese camino.

Sin embargo, las zonas grises y negras que se observan en el funcionamiento del aparato del Estado, especialmente a medida que se desciende en la jerarquía de autoridad amenazan el buen funcionamiento de la división de poderes y de los órdenes de gobierno como productor de contrapesos que resulten en rendición de cuentas a la sociedad que los sostiene. Los ejemplos mencionados al inicio de esta nota y muchos otros que el lector podrá evocar sin dificultad dan testimonio de la corrupción que existe en los tres poderes del Estado y en los tres niveles de gobierno. Jueces coludidos, diputados que cobran "moches" a presidentes municipales, policías locales asociadas al crimen organizado como en Michoacán y Morelos, gobernadores dispendiosos, autoritarios y arbitrarios. La lista podría seguir para alimentar el pesimismo. La nota positiva, si se sostiene el paso, es la presencia de pluralidad en el Congreso y la evolución del Poder Judicial Federal, que avanza en la depuración de normas y medidas anticonstitucionales. Pero es urgente que los tres poderes profundicen y aceleren el paso para depurar sus filas de funcionarios corruptos y afiancen la decisión de avanzar hacia la edificación de un estado de derecho que efectivamente ofrezca protección y certeza jurídica a la sociedad. Esta es la mejor opción para erradicar desde abajo las taras y vicios que ha redundado en inseguridad y desesperanza. De no ocurrir esto y de no ser percibido por la sociedad se desplomará la convicción de que un sistema democrático es mejor que uno autoritario para la mejor gobernanza del país.