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¿Quién agrede a los periodistas?

Ante los reclamos sobre los ataques que reciben los periodistas en México, comúnmente las autoridades señalan a los integrantes del crimen organizado como los principales interesados en silenciar las historias que merecen ser del conocimiento público, pero no es precisamente así.

Artículo 19, una organización internacional que se dedica a la protección de derechos humanos y fundamentalmente a proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, ha revelado cifras que muestran que en 2013 los funcionarios públicos son mayoritariamente responsables directos de estas agresiones.

El informe que presentaron el pasado martes 18 de marzo, nos permite entender que el ejercicio de libertad de expresión en nuestro país está amenazado principalmente por integrantes de los diferentes gobiernos, que ante la posibilidad de que la información sobre el uso y destino de los recursos que manejan o sobre los vínculos que tienen con el crimen organizado pueda revelarse, recurren a lesionar y amenazar periodistas. Aunque efectivamente las muertes de informadores no son en su mayoría producidas por servidores públicos sino por criminales. Artículo 19 reporta que de 274 agresiones en las que fue posible identificar al perpetrador del acto de violencia en contra del periodista, 146 fueron a mano de un funcionario público, mientras que 49 por una organización social, 39 por el crimen organizado, 30 por particulares y 10 fueron responsabilidad de un partido político.

El blanco de los silenciadores se concentra en los reporteros, ya que como lo señala Artículo 19, de los 286 periodistas agredidos 43.3% se dedican a reportear, 40.5% son periodistas audiovisuales, 10% son directivos de medios. Cuatro columnistas, tres caricaturistas y cuatro empleados no editoriales también se suman a la lista de atacados.

Los niveles de agresión a informadores son tan altos que Artículo 19 compara a México con Pakistán. Para que tengamos presentes las caras de algunos responsables, habrá que ver las de gobernadores como Rubén Moreira Valdés de Coahuila, Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz y Jorge Herrera Caldera de Durango, quienes gobiernan las entidades en las que se concentran el 64% de las agresiones.

Independientemente de los ataques directos no letales que provienen de los propios funcionarios gubernamentales, las condiciones de vulnerabilidad en las que laboran los periodistas y los ataques a muerte que reciben por parte del crimen organizado recaen también sobre los hombros de estos gobiernos.

El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no ha dado suficientes resultados, ya que las cifras de agresiones no varían mucho con las del periodo 2007-2012. Urgen medidas extremas que modifiquen las cifras radicalmente. Hoy los perfiles de los agresores están identificados, no vendría mal establecer mecanismos de prevención dirigidos fundamentalmente a inhibir a los servidores públicos con sanciones más altas, cuando sean ellos quienes vulneran la integridad de nuestros informadores.

El informe incomodó a varios, tanto, que el hogar del Director de Artículo 19 fue allanado dos días antes de que se llevara a cabo su presentación. No queda más que agradecer tanto a los valientes periodistas que siguen con la labor de informarnos como a los defensores que velan no sólo por garantizarles protección, sino por alertarnos sobre las condiciones que enfrentan en el ejercicio de su libertad de expresión, que sostiene, en gran medida, nuestro derecho a estar informados.

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