Opinión

¿Quién debe cuidar la institucionalidad del H. Congreso del Estado?

SUSTANCIA SIN RETÓRICA
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Por: Saúl Lara Espinoza

El miércoles 30 de julio del año en curso, al ser aprobada la famosa "Ley Mordaza", se puso innecesariamente en un predicamento el prestigio de los 40 diputados de la 61 Legislatura local del H. Congreso del Estado de Sinaloa, al formularse el dictamen correspondiente que contiene la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, específicamente el artículo 51 Bis.

En este se halla precisamente la famosa y citada "Ley Mordaza" que le dio la vuelta al mundo de manera negativa y propició que se unieran por primera vez en la historia de Sinaloa todos los medios masivos de comunicación social y los periodistas de nuestra entidad, incluidos desde luego los columnistas locales, nacionales e internacionales y los medios masivos de comunicación de todo el mundo.

Lo anterior, dada la evidentísima inconstitucionalidad del artículo 51 Bis del citado ordenamiento jurídico que, hasta un aprendiz o estudiante de leyes se hubiese percatado de esa enorme pifia que produjo inquietud y sería preocupación en todos los representantes populares de Sinaloa que integran dicha legislatura.

Lo grave del caso es que no se cuidó en lo más mínimo la institucionalidad del Honorable Congreso del Estado. Esta función está a cargo del área jurídica del mismo, es decir, donde se elaboran materialmente los dictámenes de las iniciativas de ley.

Lo menos que debió hacer dicha área, fue llamar la atención del secretario general del Congreso, para que a su vez este último se lo comunicara al presidente de la Junta de Coordinación Política, y este su vez a sus integrantes para que dicha comunicación llegara oportunamente a los distintos grupos y fracciones parlamentarias, a fin de evitar cometer ese error tan claro y evidente. Pero lejos de hacerse, se les engañó a los legisladores diciéndoles que se trataba sólo de una "armonización" con la legislación nacional en materia de los juicios orales; habiendo nuestros representantes populares obrado de buena fe, jamás con la idea de atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Si la iniciativa con proyecto de decreto correspondiente cursó todos los filtros jurídicos del Ejecutivo del estado y dañó innecesariamente la imagen del gobernador Mario López Valdez, todavía quedaba un área que se supone técnica-jurídica, no detectó ese evidente error jurídico que, por más que se pretendió justificar, no hubo al menos verdaderos argumentos técnicos, jurídicos y científicos a ello. Pero lo más grave en los hechos es que se posea una actitud sumamente negativa, en lugar de ser capaces, prudentes, respetuosos, mesurados y maduros ética y profesionalmente, se observa todo lo contrario.

Esto último sucede lejos de cuidarse verdaderamente la institucionalidad del H. Congreso y la de sus integrantes como ha quedado suficientemente evidenciado con la famosa "Ley Mordaza". Por lo tanto, se necesita mejorar sustancialmente ese campo institucional de la representación popular. También la correspondiente del Ejecutivo del estado y de donde se confeccionó la iniciativa misma; tomando en cuenta que los daños fueron enormes, históricos e irreversibles. Alguien tiene que ser auténticamente inteligente y capaz para que custodie la imagen institucional.

slarae@hotmail.com