Opinión

¿Quiénes pueden demandar la falta de protección a la salud?

SOCIEDAD Y DERECHO

Por  Juan Bautista Lizárraga Motta

Pueden demandar la deficiente prestación de los servicios de salud quienes gocen de interés jurídico. Es decir: “…quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario”, conforme lo prevé el artículo 1.º del Código Federal de Procedimientos Civiles.

También pueden demandar la falta de la adecuada atención médica quienes tengan interés legítimo, el cual se define como: aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico a su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.

Para la procedencia del interés legítimo no se requieren las mismas exigencias que para el jurídico, pues en tanto que para este último es necesario que se dé una afectación personal y directa a la esfera jurídica del lesionado, en el legítimo dicha afectación puede ser indirecta –por la especial situación del gobernado frente al orden jurídico– la cual, además, puede provenir de un interés individual o colectivo.

Es necesario distinguir el interés simple o jurídicamente irrelevante, del legítimo.

El interés simple es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido, como lo expresa la jurisprudencia tesis: 1.a/J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: Interés legítimo en el amparo. Su diferencia con el interés simple.

Por ejemplo: No podrá cualquier persona demandar al Estado por su incumplimiento al mandato constitucional de otorgamiento de protección de salud a la sociedad en general, aún y cuando pueda demostrar que existen 30 millones de mexicanos que no gozan de este beneficio, ya que dicho individuo no sufre afectación directa ni de ningún tipo en su esfera jurídica.

Otro ejemplo para que quede más claro aún: en el evento de que el impuesto predial sea inequitativo y desproporcional, únicamente podrá demandar su inconstitucionalidad aquella persona que esté obligada a pagarlo, es decir, quien tenga una casa o un terreno, ya que no puede iniciar un procedimiento jurisdiccional aquel que no tenga la propiedad de bienes raíces o la obligación de pago derivada de una relación contractual.

De tal suerte que tendrán derecho a demandar la indebida prestación de servicios médicos solo aquellos a los que estos hechos le ocasionen afectación a su esfera jurídica, ya sea por tener un interés jurídico (personal y directo) o interés legítimo (personal, individual o colectivo).

En consecuencia, solo puede iniciar un juicio o procedimiento jurisdiccional en contra de un prestador de servicios médicos (ya sea doctor, enfermero, etc.) o en contra de una institución de salud, pública o privada, aquella persona que no recibió una adecuada atención, ya sea porque recibió un diagnóstico equivocado, derivado de una actitud negligente del personal de salud, o una deficiente intervención quirúrgica, ocasionada por descuido o apatía, o incluso por no haber sido atendido oportunamente, cuando ello le ocasione que su situación se agrave (lo que sucede sobre todo muy frecuentemente en las instituciones de salud pública, cuyo exceso de derechohabientes, ineficiente burocracia y mala disposiciones del personal generan tardanzas excesivas que traen como consecuencias serias lesiones en la salud de los usuarios).

Las acciones legales que pueden ejercitar las personas afectadas por un inadecuado servicio de salud pueden variar, dependiendo de la naturaleza, sujetos que intervienen, objeto y fin del caso en particular.

Por lo que, para determinar cuál es la acción procedente y adecuada, deben valorarse las circunstancia del caso específico.

En la siguiente entrega de esta columna iniciaremos a examinar las características de las distintas acciones legales y procedimientos que prevé nuestro sistema jurídico para la solución de este tipo de conflictos.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!