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¿Quiénes se salvan?

Una de las claves del deterioro que sufre el país en materia de seguridad pública —pero también en bienestar y empleo, pobreza y los profundos desequilibrios regionales— reside en la ineptitud, irresponsabilidad e, incluso, complicidad, de algunos gobernadores con la delincuencia.

Perturbados por un poder sin contrapesos institucionales (tanto los tribunales de justicia como el Poder Legislativo están sometidos), muchos gobernadores se han dedicado a gozar las mieles de la omnipotencia, tan efímera como real: moverse en camionetas blindadas resguardados por un ejército de guaruras; rodearse de incondicionales e intimidar a las voces disidentes; parrandear y "conquistar" mujeres u hombres; recibir la adulación de los lambiscones que abundan; entrarle a negocios o tolerar el lucro con cargo al erario de su parentela —de pronto, los hijos que antes de llegar a la gubernatura parecían unos buenos para nada, descubren sus dotes para los negocios, las artes o la filantropía.

En Michoacán, como en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Morelos y otras entidades, mientras las cosas se descomponían, los gobernadores decidieron "nadar de muertito", desentenderse de la crisis de seguridad. Algunos, incluso, se coludieron con los cárteles del narco.

En casos extremos, como los de Michoacán y Tamaulipas (para no hablar del histórico Sinaloa), el dominio territorial de las bandas criminales las llevó a complementar el negocio del narcotráfico con secuestros, extorsiones y trata de personas, ante la omisión y/o colusión de autoridades municipales, estatales y federales. El despliegue de las fuerzas federales en varios puntos del territorio nacional se explica, en gran medida, por el abandono de los gobernadores.

Para colmo de males, en los últimos años las arcas estatales han recibido cantidades enormes de recursos federales que, en su gran mayoría, los Ejecutivos locales no han sabido invertir con prudencia. En Coahuila, por ejemplo, Enrique Martínez y Martínez dejó una deuda pública de solo 323.2 millones de pesos; cantidad razonable que, en su desenfreno, Humberto Moreira llevó a más de 36 mil millones.

Además, se registran casos insultantes de dispendio, como el del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, distrayendo recursos de la entidad más pobre del país en una campaña de promoción de su imagen insulsa; o el del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, que se la pasa de fiesta en fiesta. Otros, como Gabino Cué, han abdicado a su deber de gobernar para beneficio de todos los oaxaqueños y se ha sometido a un grupo faccioso, la CNTE.

Algunas de las reformas constitucionales y legales emprendidas a partir de 2012, como la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas, la nueva legislación electoral que limita la autonomía de los ex institutos locales, la centralización de la nómina magisterial (SEP) y el gasto en medicinas (SSA), por mencionar las más relevantes, se proponen contener el poder abusivo de los gobernadores o subsanar la impotencia de otros —como ocurrió en Michoacán con la decisión de nombrar un gobernador sustituto, de facto, en la persona del comisionado Alfredo Castillo.

En estos días, tres ex gobernadores están en prisión: Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, interino de Michoacán, y Mario Villanueva, de Quintana Roo; otro, Luis Armando Reynoso Femat, ex mandatario de Aguascalientes, está en libertad bajo caución, y dos más, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, están en la mira. No son todos, porque un puñado de quienes aún están en funciones parece encaminado a lo mismo. Las historias que se cuentan sobre sus abusos y los de su parentela son aterradoras.

Abundan los caciques, pero escasean los gobernadores discretos que están haciendo bien las cosas. ¿Quiénes se salvan?

@alfonsozarate