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Redimensionado el Congreso

La iniciativa de reforma constitucional que ayer envió al Congreso del Estado el gobernador, Quirino Ordaz, para reducir el número de diputados y regidurías no hace sino recoger un clamor ciudadano muy extendido: la onerosa carga que significan representantes populares y regidores sin una contrapartida significativa en el cumplimiento de sus responsabilidades de fiscalización y control del poder, y en la aprobación de políticas públicas que mejoren la provisión de bienes y servicios públicos a la población.
No es una propuesta nueva, pero sí fundamental, diría el clásico. Desde hace años, está ahí el reclamo de una sociedad agraviada por las canonjías y prebendas que significan esos cargos, tan grandes como la ineficacia de su trabajo. Pocas instituciones, como el Parlamento, arrastran tal desprestigio, frente al cual, desde las más diversas posiciones políticas, se han formulado propuestas e iniciativas que apuntan a su reducción. Menos mal que en el caso del Cabildo no se propone eliminar la remuneración, sino limitar su excesivo tamaño.
En el caso del Congreso, la iniciativa del gobernador propone reducir en 10 la cantidad de diputados (6 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional), manteniendo la proporción 60-40 de su composición actual. Además de limitar la carga financiera, que significa un aparato excesivamente obeso e ineficiente, apunta a contar con aparatos más funcionales y ágiles para la toma de decisiones, así como facilitar el logro de consensos y acuerdos.
Entiendo que en este sentido no hay ningún desacuerdo entre los actores políticos institucionales o partidistas y entre amplios segmentos de la llamada sociedad civil. Es más, desde la propia Legislatura actual han surgido iniciativas de esta naturaleza, como la que presentó en noviembre pasado el diputado Juan Pablo Yamuni Robles, que propone reducir el Congreso de los 40 actuales diputados a sólo 27, aunque a la fecha no sepa qué ha pasado con la citada propuesta.
A propósito de la propuesta de Yamuni, escribí que recogía ese sentimiento de agravio de los ciudadanos de a pie frente a “un  poder que difícilmente hacía honor a la división horizontal de poderes en democracia, y cuya práctica se alejaba de un modelo de control recíproco, que es una de las grandes conquistas de las sociedades modernas”. Lo mismo digo de la iniciativa gubernamental, que puede y debe inscribirse en esa agenda reformista que hoy reclama Sinaloa.
Es cierto que es un tema con múltiples aristas espinosas. Por algo no ha avanzado a pesar de que propuestas de esta naturaleza tienen sus ayeres. Lo deseable es que aliente un debate civilizado, de calidad, que contribuya a elevar la cultura política y capacidad de reflexión y entendimiento de nuestra pluralidad política y social. 
En el caso del Congreso de la Unión, hay la propuesta de reducir la Cámara baja en 100 diputados y la alta en 32 senadores. Defensores y adversarios de la composición actual tienen sólidos argumentos y han dado calidad al debate. Ojalá entre nosotros podamos decir lo mismo. 
Es una excelente oportunidad para caminar en serio en la perspectiva de la modernización de nuestras instituciones políticas y fortalecer nuestra vida democrática.