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Reforma a telecom y nuestro bolsillo

Ya se aprobó la reforma a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahora habrá una sola ley, en reconocimiento al cambio tecnológico que da lugar a la "convergencia". Ya no importará qué medio se utilice para prestar los servicios de telefonía, Internet, televisión y lo nuevo que se invente.

Desde la perspectiva del usuario las preguntas a formular son: ¿Bajarán las tarifas y mejorará la calidad? ¿Tendrá la autoridad los instrumentos jurídicos, (dientes de verdad) para que el interés público prevalezca? ¿Competirán las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones en una cancha de juego pareja? ¿La legislación da certeza jurídica para atraer la inversión que aumente la cantidad, la calidad y variedad de servicios en telefonía, Internet, tv restringida en beneficio del usuario?

Esas habrían sido las preguntas que esperábamos predominaran en el debate del Senado de la República. Sin embargo, los reflectores se los llevaron el interés inmediato de "Godzilla" y "King Kong" (ver G. Esquivel, EL UNIVERSAL). En efecto, por más extraño que parezca, lo que dominó fue: introducir en la legislación secundaria "predominancia por sector", como quedó definido de manera ad hoc en los artículos transitorios de la reforma constitucional.

Para alguien ajeno a este debate legislativo, la discusión habría parecido ininteligible. De hecho lo es. ¿Dónde se gestó la confusión? Se originó, desafortunadamente, de una manía legislativa derivada de la desconfianza que hay de unos con otros. Para ello, han hecho un uso desmedido de artículos transitorios para precisar el sentido, alcance y espíritu de las reformas de gran calado a la Constitución. Ahora estamos viendo las consecuencias. Con tanto artículo transitorio, o como Miguel Carbonell escribiera en EL UNIVERSAL, "La Constitución transitoria", se abre el espacio para provocar confusiones que a la larga pueden neutralizar los beneficios de la intención de lo que se pretende transformar.

Recordemos que el Constituyente Permanente (dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, más la mitad más una de las legislaturas de las entidades federativas), aprobó prácticamente por unanimidad estas reformas. Hubo un amplio acuerdo para modificar ocho artículos de la CPEUM y en particular el 28, en lo que corresponde a telecomunicaciones y radiodifusión. Hasta ahí todo iba bien, especialmente porque el Estado parecía recuperar la rectoría en estas materias. El problema surge por introducir nuevas definiciones en los 18 artículos transitorios que acompañan a la reforma sustantiva.

La introducción de términos como "sector" y "predominancia" para ordenar y promover la competencia en radiodifusión y telecomunicaciones facilitaron la confusión. Cabe mencionar que en economía, y en la legislación anterior sobre competencia, no se hace uso de esas "re-definiciones". Lo usual en la determinación de prácticas anticompetitivas es usar los conceptos de "mercado relevante" y "poder sustancial de mercado" para evitar y castigar a las empresas que tienen la capacidad de cambiar el precio y la calidad en perjuicio del consumidor/usuario. Los dichosos artículos transitorios ya venían haciendo mucho ruido: el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía que definir la predominancia por sector, y la nueva Ley Federal de Competencia Económica, publicada a fines de mayo de 2014, reconoce al IFT como "la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones", (ver artículo 5). Por lo tanto, los legisladores jurídicamente ya no tenían para donde irse. Los legisladores y el debate pagaron la falta de respeto a la técnica jurídica y a la economía. Una vez más se confirma: política sin técnica es demagogia, y técnica sin política es un fracaso. El consuelo para el 2015 es que gracias a los avances tecnológicos y a la nueva legislación ya no se cobrará por las llamadas de larga distancia y la portabilidad de los teléfonos celulares, entre muchos otros beneficios.

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