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Reforma energética y consulta popular

Durante los meses recientes el PRD ha impulsado acciones con el objetivo de defender el interés público nacional ante la imposición de una reforma energética que claramente privatiza nuestras riquezas y las ganancias que de ellas se derivan. El mejor aliado en esta lucha es la sociedad mexicana, cuya opinión debe ser consultada y acatada. Por ello exigimos la realización de la consulta popular en la jornada electoral de 2015, porque permitirá dar una solución democrática —legítima y legal— a este gran diferendo en el que todas las encuestas demuestran que los ciudadanos distan de coincidir con la privatización planteada por Peña Nieto y el PAN.

Recordemos que la fracción VIII del artículo 35 constitucional dice: "Son derechos del ciudadano... Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional..." Y el tema energético, en un país cuyos mayores ingresos provienen de una empresa como Pemex, vaya que es de trascendencia nacional. La consulta popular es un instrumento de democracia directa y es derecho a cuyo ejercicio no debe temerse y mucho menos regatearse con artilugios legaloides. Las consultas populares (o referéndums) son un ejercicio común en las democracias europeas y latinoamericanas.

¿Por qué el PRD rechaza y vota en contra de la reforma de Peña Nieto y el PAN? Porque constituye un despojo a la nación mediante el ya probado como fallido camino de la privatización. Porque es falso que se fortalezca a Pemex y a CFE, más bien se les desmantela. Porque no significará una disminución en el precio de gasolinas y luz (como han reconocido connotados priistas). Porque implica una carga más a los contribuyentes pues se les endosará el pasivo laboral de Pemex, cuyo oneroso costo se debe a administraciones corruptas y a la impresentable cúpula del sindicato, a cuyo mando está el senador priista Carlos Romero Deschamps. Porque despojará de sus tierras a ejidatarios, víctimas de la eterna posposición de la reforma democrática del campo. Porque no sanciona la corrupción (los casos Pemexgate, Oceanografía o el grosero dispendio de la familia Deschamps).

Para el PRD, identificado con la mayoría de la sociedad, se necesita una reforma (que propusimos a inicios de 2013) cuya premisa sea que la nación mantenga la propiedad absoluta de sus hidrocarburos y riqueza energética para hacer de Pemex la columna vertebral del relanzamiento económico del país. Es decir, modernizar sin privatizar.

Nuestra propuesta se basa en 8 ejes rectores los cuales buscan fortalecer a Pemex y CFE mediante la eliminación de la enorme carga fiscal que pesa sobre ellas para que estén en posibilidades de aumentar su inversión en infraestructura e innovación; además, planteamos dotarlas de autonomía presupuestal y de gestión para que puedan proyectar su desarrollo a mediano y largo plazo. Aunado a ello, fijar tarifas y subsidios que permitan a la ciudadanía un acceso más equitativo a los energéticos (gas, luz) e impulsar la transición energética ante el inminente agotamiento de las reservas petroleras y para proteger el medio ambiente. Además, planteamos fortalecer a la Sener y la CNH, y crear un organismo financiero con los ingresos petroleros. Por supuesto, y no menos importante, dar "dientes" a los organismos reguladores para que puedan combatir con eficacia actos de corrupción.

Si bien a la sociedad no le favorece la correlación de fuerzas en las cámaras del Congreso de la Unión, tiene en nosotros un instrumento para hacer valer su opinión. La lucha por la defensa de nuestro patrimonio no ha concluido. Nuestra apuesta mayor es la consulta, espacio en el que México decidirá su futuro. El PRD, como el principal partido de izquierda en el país, seguirá construyendo alternativas —tanto en las manifestaciones pacíficas en las calles, como en las cámaras— que fortalezcan nuestra democracia y garanticen nuestro futuro como nación próspera e independiente.

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