Opinión

Reforma energética y democracia

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Por: Jesús Reyes Heroles

A pesar de su complejidad técnica y de las diferencias políticas asociadas con la reforma energética, el proceso que se ha llevado a cabo para materializarla no tiene precedente en México. La reforma constitucional, indispensable para detonar un cambio real y profundo, logró su objetivo, aunque desgraciadamente dejó pendiente el "sacar" a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo que les hubiera quitado la camisa de fuerza regulatoria y normativa que representa una desventaja para competir.

Salvo excepciones, las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal fueron consistentes con el espíritu y la letra de la reforma constitucional. El debate legislativo que siguió ha sido útil para entender y divulgar la naturaleza de la reforma, para señalar lo que está en juego y, a su vez, para ir produciendo resultados.

El paquete legislativo que correspondió aprobar inicialmente al Senado es bueno. Varios de los cambios que hicieron los senadores a la iniciativa fueron para bien, y otros no. Ejemplo de los primeros, fue adelantar la fecha para que los particulares puedan comercializar combustibles. Por contra, entre los segundos se encuentra la ratificación por el Senado de consejeros independientes y la reinstalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS). En un proceso de reformas democrático, un paquete de cambios tan amplio y tan profundo no puede ser al gusto de todos.

Por su parte, los cambios más importantes introducidos en Comisiones por la Cámara de Diputados se refieren al nuevo régimen fiscal que será aplicable a Pemex. Primero, simplificaron el esquema, ahora existirán sólo tres derechos, en vez de nueve como hasta hoy. Segundo, dichos conceptos comenzarán a ser vigentes de inmediato y no hasta que Pemex convierta sus asignaciones (que serán definidas el 17 de septiembre) en alguna de las modalidades de contratos que suscribirá con el Estado mexicano.

Segundo, los diputados modificaron el "cerco fiscal" que propuso el Ejecutivo, para permitir que los resultados de todas las actividades de exploración y producción se puedan considerar en conjunto.

Tercero, con realismo, reclasificaron los pasivos laborales de Pemex y CFE a deuda pública. Si bien en los hechos ya era un pasivo del sector público, quitar esa pesada carga histórica a Pemex y CFE, les ayudará a emparejar las condiciones para competir con nuevas empresas participantes. La Ley condiciona este alivio a que la administración y el sindicato revisen y renegocien su contrato colectivo para ajustar el esquema de pensiones y jubilaciones, para trabajadores activos y nuevos; asimismo, para introducir más flexibilidad al reubicar trabajadores dentro de Pemex.

Además, antier los Diputados aprobaron la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras, introduciendo algunas modificaciones que, en general, parecen positivas. Fortalecieron a las instancias reguladoras, como la autonomía del CENACE, indispensable para que nuevas empresas eléctricas puedan desarrollarse junto a una empresa dominante (CFE).

La Cámara de Diputados también manejó bien el asunto del uso y ocupación de tierra, asunto que no es privativo de México, pues surge en cualquier país donde la riqueza de hidrocarburos es de la Nación o de las provincias (Canadá), con excepción de Estados Unidos de América, donde la propiedad del territorio superficial se extiende hacia los hidrocarburos en el subsuelo correspondiente. Sorprende la falta de entendimiento y comprensión sobre este asunto que se escucha entre importantes formadores de opinión.

Pronto se cerrará un capítulo histórico de la operación de una democracia funcional, para construir un México más próspero.

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