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Reforma penal y policía

En Insyde tomamos fotografías microscópicas sobre las realidades que intervenimos. Miramos a profundidad nuestros objetos de investigación. Así lo venimos haciendo con las instituciones policiales, ya casi por 11 años.

Hacemos una especie de reconstrucción anatómica, colocando en el centro la voz y el quehacer de quienes representan a esas autoridades. Desarrollamos interpretaciones que miden la relación entre las normas (el deber ser) y las prácticas (el ser) de la policía. Colocamos todo esto a la vez en contextos políticos que nos permiten caracterizar el rol precisamente político de la policía. Esta se asume como instrumento de poder (perfil autoritario) o de servicio (perfil democrático), en la misma medida que lo hace el régimen en su conjunto. Además, sumamos paradigmas teóricos que agregan una visión compleja, transdisciplinaria y multidimensional que arroja incluso mapeos de las culturas institucionales implicadas en la policía. Todo este instrumental nos permite poner el discurso político en materia policial bajo el microscopio, para así, distinguir sus fines declarados y no declarados.

Dos de nuestros más importantes hallazgos han sido, primero, la consistente distorsión entre lo que la policía dice que hace y lo que realmente hace, y segundo, el correlato similar desde los funcionarios electos, quienes igualmente con enorme frecuencia dicen que esa institución hace una cosa cuando realmente hace otra, o bien dicen sólo una parte de lo que saben sobre las prácticas policiales. Mandos policiales y responsables políticos tienden al alineamiento discursivo que modela un quehacer policial que sólo existe precisamente en el discurso. Lo hacen así: usan datos generales, información en la esfera macro que deja el ámbito micro al margen. Tal cosa no merece cuestionamiento informado a cielo abierto porque en realidad no hay rendición de cuentas enfocada en el detalle; los gobiernos y la policía no transparentan el detalle de lo que esta hace, ni hay impulsos externos significativos que presionen hacia ello. El resultado está a la vista de todos: en torno a la policía la autoridad se cuenta su propia historia y la sociedad la suya; no por otra cosa la relación está generalmente fracturada.

En dos años se cumple el plazo constitucional para que todos los estados de la República hayan reformado de manera radical su sistema de justicia penal. Todos los actores del propio sistema deben transformar sus normas y prácticas si es que se quiere una reforma exitosa. La llave de entrada es la policía, si esta no sabe funcionar bajo los nuevos estándares del proceso penal, la reforma entera se colapsará. Estamos pues ante una contradicción mayor. Por un lado, la policía ha sido históricamente recubierta por un discurso que disfraza su disfuncionalidad; por el otro, la reforma penal impone sobre ella altos estándares profesionales de investigación. Estudios empíricos en curso a cargo de Insyde ya muestran la peor noticia posible: las viejas prácticas policiales se están filtrando hacia el nuevo modelo penal, agregando incentivos perversos debido a que el nuevo sistema impone límites temporales que obligan a la policía a dar resultados más rápido. No sabemos en qué dimensión sucede esto, pero es razonable afirmar que el fenómeno tiene enorme potencial de multiplicación.

Insyde vienen promoviendo que las miradas macro y micro se combinen en mecánicas que de verdad permitan someter a la policía y a sus responsables políticos a la rendición de cuentas. Eso mismo proponemos en el marco de la reforma penal. La otra vía es la conocida simulación de cambios que sólo están en la imaginación de los emisores del mensaje político, simulación empoderada por las prisas y hasta el festejo del éxito anticipado. Esta vía es posible y es el camino al colapso de esta gran reforma.

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