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Reforma política confinada

A México le urge abrir y fortalecer sus instituciones. Hacer Estado y controlar democráticamente ese Estado. Sin una modernización política exitosa, la seguridad y la modernización económica irán de nuevo al fracaso. Esos cambios son necesarios para evitar que crezca la ingobernabilidad.

Sin embargo, la oportunidad de reformar las instituciones se ha desperdiciado. A pesar de los esfuerzos serios y los avances que los senadores han logrado en la negociación de las leyes reglamentarias, la reforma política quedó desde la Constitución confinada por los intereses del régimen, del PRI y la debilidad de la oposición. No abre el sistema, no rehace el federalismo, no contiene el abuso del poder, no obliga a abrir los partidos a los ciudadanos, no pone fin al uso tramposo de la publicidad gubernamental. Cambia la nomenclatura, para terminar cambiando muy poco la realidad.

Habrá que aprobarla porque sería peor dejar un vacío legislativo, pero no puede uno dejar de preguntarse: ¿cuál era hoy el programa de reformas necesario para hacer frente a los problemas de ingobernabilidad e ilegitimidad que se han acumulado?

Lo que se estará aprobando no resolverá los verdaderos problemas de la política. A diferencia de las reformas de 1977, 1994 y 1996 -que abrieron el sistema a la pluralidad- la de 2014 no entusiasma a la oposición política y social. A pesar de sus limitaciones sustanciales, el gobierno la aceptó de mala gana. Sin convencimiento de unos y otros, quién la va a defender y aplicar con entusiasmo en beneficio de la democracia.

Las necesidades estaban a la vista. Las elecciones de 2006 y 2012, así como las elecciones en un buen número de estados, dejaron un mal sabor de boca: había que equilibrar, trasparentar y asegurar elecciones equitativas y libres. Las crisis de inseguridad que ha dejado tantas víctimas exigía reconstituir el Estado y el sistema federal: concentrar el poder pero al mismo tiempo hacerlo más incluyente y plural. Había que dar pasos firmes en la democratización del régimen presidencial: dejar atrás la presidencia autoritaria, avanzar a la responsabilidad política del gabinete. Había que abrir sin pusilanimidad la democracia participativa, con una consulta popular generosa. Había que abrir los partidos políticos a los ciudadanos con decisiones contundentes como las elecciones primarias universales de sus candidatos. Se necesitaba democratizar los medios y recuperar la rectoría del Estado, no abrir para después volver a cerrar. Avanzar sin blindajes hacia una efectiva rendición de cuentas sustentada en la separación de poderes y la atención a la opinión pública. Evitar desde la Constitución el uso político de la publicidad pública. Fortalecer en serio, y ya, a las instituciones que contuvieran la impunidad y la corrupción.

Se dirá que mucho de eso se ha hecho. No es así. En cada punto hay un contrapunto. Consulta popular que hace inaplicable la consulta. Procuraduría independiente (de nombre) y cuando termine este gobierno. Control de los excesos de los gobernadores con un INE que no redistribuye poder a candidatos y ciudadanos, sino a las burocracias partidistas y al gobierno. Órganos autónomos que no cambian el equilibrio entre los Poderes.

La reforma política fue una concesión del gobierno para conseguir los votos que necesitaba para abrir el petróleo a la inversión privada. Es decir, la prioridad ha sido el petróleo y en general las reformas estructurales, por encima de la gobernabilidad y la democracia.

La falta de convicción democrática, la simulación, la cooptación de las propuestas reformadoras, no van a modificar la realidad de corrupción, impunidad y distanciamiento de los ciudadanos de sus instituciones. Lo que ha faltado no son ideas, sino visión estratégica en el gobierno y potencia en la oposición para sujetar a rendición de cuentas a este régimen político que es disfuncional a la estabilidad política, la recuperación de la seguridad y al desarrollo.