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Reforma política: ¿qué faltó?

Una vez que se conozcan con detenimiento los contenidos de la reforma política, se verá que se hizo un trabajo serio por parte de la mesa que participó en la elaboración de las minutas. No obstante, la reforma que se ha aprobado se queda corta frente al reto que tienen las instituciones democráticas y las aspiraciones de la sociedad. La medicina que se está utilizando no es la que se necesita para enfrentar las enfermedades de nuestra vida política.

Las enfermedades de nuestra política son: la impunidad, la corrupción extendida, el distanciamiento entre gobernantes y gobernados, la publicidad política sin control, el raquitismo de la rendición de cuentas entre los Poderes y ante la opinión pública, la debilidad del Estado que ha llevado a la violencia y la ingobernabilidad en amplias regiones del país, el uso casi ilimitado del dinero para conseguir resultados electorales favorables, el sistema de partidos que excluye la participación ciudadana y limita la posibilidad de cambiar el rumbo de la política. Nuestro sistema político está atascado, paralizado y en decadencia.

La solución de esos problemas no se alcanzará porque cambien los nombres de las instituciones o se regule lo que ya está sobre regulado. O incluso se nombren algunos funcionarios honestos y competentes. Se logrará cuando se conforme una coalición política y social que sea capaz de controlar los excesos del poder, no tema a la participación de los ciudadanos y a la opinión libre y opere con un más alto nivel de responsabilidad y decencia. La solución vendrá cuando se avance en una efectiva redistribución del poder para reducir el carácter extractivo de la política mexicana y para que quienes hoy están excluidos política y socialmente puedan ejercer efectivamente sus derechos y estén mejor representados.

Cómo solucionar los problemas si no los reconocemos. Para controlar el uso ilegal del dinero en la política ayudarán los cambios introducidos, pero lo más importante es aceptar la dimensión del problema y darle una respuesta de ese tamaño. O se dice la verdad sobre el pasado, o se previene para el futuro con un acto de autoridad y un compromiso político al más alto nivel, o nadie lo creerá y menos aún se cumplirá.

Para acercar a los ciudadanos a las instituciones hay varios caminos, pero ninguno se toma con determinación. Uno es dialogar. Otro es que la clase política cambie sus comportamientos cotidianos y se acerque a la gente: menos cortesanía y más República. Otro más es abrir los partidos a los ciudadanos (elecciones primarias y candidaturas independientes sin tantos obstáculos) y facilitar la formación de nuevas coaliciones que permitan el acceso al poder a quienes están excluidos. Y está el camino de la democracia participativa sin las restricciones que se le han impuesto y la hacen de muy difícil realización.

Se limita la democracia participativa, sin que siquiera hayamos consolidado una democracia representativa eficaz. Cómo lograrlo cuando se hace todo lo posible por debilitar la rendición de cuentas entre los propios Poderes y de los Poderes a la opinión púbica independiente y a los ciudadanos. Cuando en vez de redistribuir poder y responsabilidad se concentra de manera reiterada el poder, al grado de anular el sistema federal y querer sustituir las decisiones locales con mandatos centralistas.

Lo que se necesita no es una utopía que ampare a alguna nueva modalidad de autoritarismo. Ni siquiera plantearse alcanzar estadios de desarrollo político como los de Noruega o Finlandia. Pero sí asegurar que la política no se vuelva la explicación de nuestros fracasos, sino la llave para hacer más dinámica e incluyente a nuestra economía y más legítima y plural nuestra representación.

La disyuntiva que tenemos —la inmediata— es fortalecer y privilegiar la política; o echar a perder hasta los mejores esfuerzos para construir consensos y diseñar el cambio institucional con tal de favorecer intereses particulares y facciosos.