Opinión

Reformas a prueba

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Por: FRANCISCO VALDÉS UGALDE

Con las leyes secundarias en materia de energía se cierra el proceso de reformas constitucionales y legales iniciado en diciembre de 2012. En el origen fue el Pacto por México donde fueron impulsadas, con tres (y medio) partidos en acuerdo que, como es natural, manifestaron consensos y disensos a lo largo del proceso hasta llegar al último tramo del camino. Veinte meses ha llevado la discusión e implementación de los cambios a partir de iniciativas del Ejecutivo al Congreso. Reformas en educación, impuestos, banca, competencia, ciencia y tecnología, telecomunicaciones, energía y política, todas a examen. La prueba del ácido comienza y es doble: para el contenido de las reformas y para el sistema político. Lo primero es obvio; el gobierno de Peña Nieto se comprometió a ofrecer resultados después de dos administraciones en que las urgencias del país no fueron atendidas en la escala necesaria. Lo que fue posible sacar adelante con consensos o mayorías legislativas está a la vista. Ahora vendrá el juicio de los ciudadanos que tendrá impacto en las urnas.

La primera reforma ha sido la educativa. Con ella se ha iniciado un vuelco en el sistema de evaluación magisterial. La apuesta es de largo alcance, pues no es posible esperar resultados inmediatos en la calidad educativa sino a medida que nuevas generaciones de educandos y profesores vayan circulando por las aulas. Lo que es posible ver ahora es que el instituto para la evaluación, creado desde cero, ha tomado en serio la difícil tarea de someter a evaluación al magisterio y la calidad de la enseñanza. Al igual que la nueva institución electoral, enfrenta el reto de demostrar que puede ejercer una regulación nacional en un panorama en el que el federalismo se ha convertido en un sistema de trincheras donde se agazapa la resistencia al cambio. En conjunto, las reformas económicas deberán comprobar a los ojos de la ciudadanía que es posible una economía competitiva, regulada por el Estado a favor del bienestar colectivo traducido en mayores ingresos y oportunidades de desarrollo. Hasta ahora, las encuestas publicadas no muestran que la reputación del gobierno haya aumentado significativamente, de ahí la urgencia de hacer sentir palpablemente que el proceso reformista tiene sentido. La encuesta publicada por "Reforma" el viernes 1 de agosto refleja que los ciudadanos reprueban el desempeño del Presidente principalmente en lo tocante a violencia y corrupción. En ambos rubros hay un saldo pendiente por el hecho de que no se han hecho tangibles los resultados en la pacificación de amplias regiones del país y porque el compromiso adoptado en el Pacto por México, de realizar un amplio esfuerzo institucional por la transparencia y la rendición de cuentas, aún se hace esperar.

Y es aquí en donde el sistema político es puesto a prueba, no solamente por los resultados tangibles de las reformas, sino porque la sociedad exige de la política la autocontención necesaria para producir gobernanza democrática. En toda política hay una pedagogía. Aunque a juicio de los especialistas es visible que el país ha avanzado significativamente en la edificación de un sistema plural, los medios sociales exhiben una difundida percepción de que la corrupción lleva la voz cantante en el comportamiento de la mayor parte de los líderes. El mundo tiene puestos los ojos en México con la expectativa de saber si el proceso reformista conduce a dejar atrás un pasado de patrimonialismo en la función pública y trocarlo en una estructura moderna de gobierno y acción pública. La vieja máxima de que el buen gobierno consiste en hacer que el interés coincida con el deber sigue siendo una tarea tan urgente como pendiente. Tarde o temprano vendrá esa, que es la máxima prueba de un sistema político.