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Reformas político electorales que nos llegan

La ambiciosa reforma político electoral aprobada por el Congreso en 2013, que pretendía modificar el sistema de partidos, el régimen político, el esquema federal de competencias en materia electoral, los principios de representación, la procuración de justicia entre muchos otros asuntos, quedó finalmente una miscelánea de propuestas inconclusas y muchas veces contradictorias. Por ahora el asunto urgente está en las cinco leyes fundamentales para dar sustento a los comicios locales y federales de 2015, dado que se deben aprobar a más tardar el próximo 30 de abril.

La creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que contraviene el pacto federal de autonomía de los estados, se ha justificado porque hay múltiples evidencias de que los gobernadores de todos los partidos han cooptado a las autoridades electorales locales. Sin embargo, los gobernadores del PRI son más numerosos y tienen mayores habilidades para aprovechar la fragilidad de los institutos y los tribunales electorales para su beneficio. Aunque está pendiente el grave problema de definir las competencias de las autoridades electorales.

Además de la creación del INE, lo más significativo es el nombramiento de los diez integrantes del Consejo General del INE y del Consejero Presidente. Debemos recordar que durante todo el año pasado los diputados fueron incapaces de elegir a los cuatro consejeros faltantes del IFE, de tal suerte que la tarea de nombrar a los once titulares del Consejo General del INE no será fácil, no sólo por el trabajo de revisión de los expedientes por un comité de expertos sino principalmente, por la dificultad de lograr acuerdos entre los integrantes de la Cámara de Diputados en un asunto que involucra intereses políticos muy evidentes en todos los niveles de gobierno.

La Constitución de cada estado es diferente y, sobre todo están en juego los intereses de los partidos, los gobernadores, la Presidencia de la República y los poderes fácticos con influencia local y nacional. En un esquema de tres partidos como el que prevalece en México, las elecciones serán cada vez más competidas y la lucha por los espacios de poder locales se convertirá en un recurso estratégico para la sobrevivencia de los partidos y de los intereses políticos.

Además, el reto para los legisladores es todavía mayor, porque también deben aprobar una Ley de Partidos, una Ley General en materia de delitos electorales y una Ley reglamentaria de la propaganda gubernamental. La Ley de partidos debería garantizar en primer lugar los derechos de los militantes pero sin comprometer el desarrollo de sus actividades ni convertirse en pretexto para la intromisión de la autoridad en su vida interna, porque no se debe perder el frágil equilibrio entre la autoridad establecida que regula la actividad de los partidos y la capacidad contenciosa de los partidos para representar la inconformidad de sectores sociales que dicen representar.

Como primer objetivo, la Ley General en materia de delitos electorales debería homologar las normas vigentes en elecciones federales y locales, pero otro muy importante es dejar en claro que autoridad —local o federal— puede sancionarlos, así como definir las consecuencias que puede tener la transgresión de una norma para los partidos y en especial para los candidatos. La ley deberá responder en forma unívoca a la pregunta ¿Cómo va a determinar la autoridad la violación de una norma electoral? Asunto que ha sido especialmente controvertido en el caso de propaganda política y gastos en campañas electorales ¿Qué consecuencias tiene para un candidato exceder los topes de campaña? ¿Debe o no ser causa de nulidad? En relación a la Ley reglamentaria de la propaganda gubernamental, el problema es aún más complejo, no solo porque hay que determinar cuándo aplica la norma, sino ¿qué consecuencias tiene para el funcionario que realiza el gasto, para el partido al que pertenece o para el candidato en el proceso electoral? Algunos de estos problemas son nuevos, otros están pendientes desde hace más de 15 años, y todos deben quedar resueltos antes del 30 de abril ¡Felices Pascuas diputados!

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