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¿Regresará la censura?

GRAN ANGULAR

La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) sugiere el regreso de formas más explícitas de censura, lo que afectaría el ejercicio de libertades fundamentales como la de expresión. Por otro lado, no obstante, plantea un avance, aunque insuficiente, en cuanto a la protección de los derechos de las audiencias.

La propuesta abunda en la regulación de contenidos y dota de más facultades a la Secretaría de Gobernación con lo que, en los hechos, se incorpora una inevitable carga política en esa tarea. Esto, para investigadores y analistas como la doctora Alma Rosa Alva de la Selva, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, representa un grave retroceso, pues se regresa a la instancia encargada de la política interior el papel de censor que existió en los años más intensos del autoritarismo priísta, que se había acotado en las administraciones del PAN cuando se transfirió a la Secretaría de Educación Pública el control orgánico-administrativo, no de contenidos, de los medios de comunicación públicos.

Por supuesto que en la iniciativa de LFTR hay conceptos y valores incuestionables cuyo cumplimiento se debe hacer valer a los concesionarios de radio y televisión, pero otros, retrógrados, incorporan supervisiones que darán lugar a que se hagan interpretaciones muy amplias que podrían traducirse en limitaciones a las libertades de expresión y manifestación.

Tal es el caso, por ejemplo, del párrafo octavo del artículo 218, que dice que tocará a la Segob vigilar que las transmisiones de radio y TV se mantengan dentro de los límites señalados por esta ley de respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y el no ataque a derechos de terceros ni la provocación para que se cometa algún delito o se perturbe el orden público; o de los párrafos segundo y tercero del artículo 227, que obligan a evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas, o evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia.

En sentido estricto se trata de temas que, sin duda, deben cuidarse, pero ya puestos a interpretarlos, podrían generar desviaciones.

¿Caer en esos supuestos sería, por ejemplo, transmitir información periodística de protestas sociales legítimas o dar cuenta de los niveles de inseguridad y violencia en los que se desangra el país?

Por lo pronto habrá que esperar una reglamentación más minuciosa en materia de contenidos, a la que obliga el artículo quinto transitorio de la iniciativa de LFTR.

Ésta, por otra parte, retoma los límites marcados en la legislación vigente a la transmisión de espacios publicitarios: no más de 18% del total del tiempo en la TV comercial y no más de 40% en radio. Sectores, sobre todo de la academia, esperaban que esos porcentajes se redujeran en beneficio de la audiencia, mientras que a los concesionarios les siguen pareciendo porcentajes excesivos.

La iniciativa de LFTR gana, sin embargo, en otros aspectos que, por cierto, nada gustan a los concesionarios:

1. La defensoría de la audiencia a la que éstos últimos quedarían obligados y cuya función sería: recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Los defensores de audiencia serían designados por cada concesionario por el periodo que consideren pertinente. Tanto el defensor de la audiencia como el respectivo código de ética deberán quedar inscritos en el Registro Público de Concesiones. Éste sería el mecanismo para garantizarle a la audiencia contenidos plurales en los que se diferencie, con toda claridad, la información noticiosa de la opinión de quienes la presentan, y la publicidad del contenido del programa.

2. El ejercicio del derecho de réplica, que la iniciativa reconoce y reglamenta pero sin abundar en sus procedimientos.

Ambos elementos se contraponen al criterio de autorregulación con que los concesionarios han atendido estos temas.

En la próxima entrega: la nueva cadena del Estado, los tiempos oficiales y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión en México.

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