Opinión

Representación y energía

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Por: José Antonio Crespo

Muchos de quienes no están conformes con la recién aprobada reforma energética insisten en que el Congreso no representa en realidad a la ciudadanía, y por ello dicha decisión no puede gozar de legitimidad, por más que haya cumplido estrictamente con la legalidad (las mayorías requeridas para los cambios). Las cosas no son tan simples. Es verdad que en la mayoría de las encuestas de opinión la mayoría de entrevistados dice no sentirse representado por ningún partido. Pero resulta que la representación está vinculada con el voto que se emite en las urnas. Quien vota por el partido Y está ya representado por ese partido, aunque no siempre le gusten las decisiones que tome (lo que podría motivar a que en la siguiente elección vote por el partido X). Pero en tanto votó por el partido Y, con ello automáticamente le dio su aval y autorización para que en su nombre tome las decisiones que le parezcan pertinentes (aunque en principio basadas en su respectiva plataforma legislativa). Pero al votar por un partido, se acepta implícitamente la validez y legitimidad de la representación nacional –incluyendo a, por ejemplo, los líderes petroleros y la telebancada–, así el partido favorito haya quedado en minoría. No puede alegarse que sólo las decisiones del partido preferido son legítimas, y las de los demás no.

Si tanto el PAN como el PRI anunciaban su intención de llevar a cabo una reforma energética, quienes por ellos votaron apoyaron dicha reforma. Y si entre ambos partidos suman las mayorías necesarias para llevar a cabo la reforma, ¿se puede decir que lo están haciendo de espalda a sus representados? Quizá muchos de quienes votaron por el PRI o incluso por el PAN lo hicieron por diversas razones y no estaban interesados en la reforma energética, o incluso se oponían a ella. Difícilmente se puede estar de acuerdo con todo lo que propone y hace un partido. Pero al emitir el voto por ese partido, se le da el aval completo para cuanto haga en adelante. La boleta no alcanza para que cada ciudadano diga en qué sí está de acuerdo con el partido de su preferencia y en qué no. Al sufragar, lo hace por el paquete completo. Es cierto que a veces puede haber una fuerte discordancia, y para ello existen los mecanismos de democracia directa. Pero no está claro que proceda jurídicamente la consulta popular que exige la izquierda; habrá que ver.

Otro indicador de la representación política es el porcentaje de participación, que en 2012 fue de 63%. Entonces, lo curioso es que cuando muchos ciudadanos dicen no sentirse representados por el Congreso, y se quejan de los abusos y excesos de los partidos en general, cuando se les pregunta si votaron por alguno de ellos responden que sí; en cuyo caso, sí están formalmente representados, y tales partidos están decidiendo –e incurriendo en excesos diversos– con el implícito aval y visto bueno del quejoso. No se termina por entender el vínculo político que se forma al votar por un partido, la representación que ello supone, el permiso y consentimiento para que ese partido (y todos en general) tome las decisiones con plena legitimidad, es decir, con el aval de quienes por él votaron. Y en otro nivel, al votar por un partido cualquiera, se brinda también la legitimidad general al sistema de partidos en su conjunto, en lo que hace a su financiamiento, salarios, prerrogativas, que parecen injustas y excesivas, sí, pero gozan del permiso de los electores. No se puede votar por un partido y decir después que ese partido no te representa; es una contradicción. Es que además no tenemos mecanismos eficaces para exigir cuentas, pero no los tenemos porque los partidos no nos lo dan. Y no lo hacen –ni lo harán– en tanto sigamos dándoles nuestro respaldo y legitimación a través del voto. Sólo quien no vota por ningún partido (sea mediante la abstención o la anulación del voto) puede cabalmente decirse no representado por ninguno de ellos. Sólo escatimando la legitimidad formal a los partidos en medida suficiente –y además visible– se verán orillados a ceder en sus privilegios y prerrogativas excesivas, y a mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana.

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