Opinión

Retomará gobierno federal operación de centros de datos propios y golpe a Telmex, Kio y Alestra

TIEMPO DE NEGOCIOS

Por: Darío Celis Estrada

No hace mucho le platiqué del Acuerdo que tiene por Objeto Emitir Políticas y Disposiciones para la Estrategia Digital Nacional en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y en la Seguridad de la Información.

Fue un documento que la Secretaría de Gobernación, que comanda Miguel Ángel Osorio Chong, publicó el 8 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación, y que fue preparado en conjunto con la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia, que lleva Alejandra Lagunes.

La industria, léase la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) que lidera Luis Ferezin, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) que comanda Carlos Ponce y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) que preside Víctor Gutiérrez, no participó en su elaboración.

El acuerdo tácitamente refrenda en la práctica la política de austeridad que se propone seguir la administración de Enrique Peña Nieto en materia de inversiones en TIC, más allá del discurso ramplón que habla de trabajar en la construcción de un México más digital.

Hasta ahora ni Gobernación ni la Presidencia han publicado los criterios para evaluar y aprobar los planes estratégicos de TIC que tienen que desarrollar las distintas dependencias del gobierno federal, primer paso para detonar la inversión pública en este rubro.

Las secretarías, paraestatales y organismos descentralizados tienen hasta octubre para enviar a la oficina de Lagunes sus respectivos proyectos para su aprobación. Una primer duda es la discrecionalidad en que pudiera incurrirse para avalar unos y vetar otros.

Sobre todo si se considera que la coordinación de Estrategia Digital no cuenta con la suficiente infraestructura humana y conocimientos para analizarlos. De ahí que una opción sea armar equipos de trabajo con la misma AMITI, Amipci y Canieti.

El consenso en el sector privado es que la política en TICs que se empuja en Presidencia más que estimular y desarrollar a la industria busca controlar el gasto en este rubro. Otro ejemplo que fortalece esa hipótesis son los planes que hay para manejar los centros de datos.

El gobierno federal posee muchos que están obsoletos o subutilizados. Se estima que alrededor de 40% de los metros cuadrados totales que utiliza la administración pública federal están contratados con empresas privadas, léase Telmex de Carlos Slim, Kio de María Asunción Aramburuzabala y Alestra de Rolando Zubirán.

Aunque no existe una directriz formal, se conoce que los requerimientos de alojamiento de datos de instancias como Pemex de Emilio Lozoya Austin, el SAT de Aristóteles Núñez, la CFE de Enrique Ochoa o Economía de Ildefonso Guajardo, están siendo direccionados a los centros de datos del propio gobierno.

La Coordinación de Estrategia Digital está utilizando como punta de lanza al Infotec, que dirige Sergio Carrera, organismo que depende del Conacyt, que capitanea Enrique Cabrero, y a Telecomm, que maneja Jorge Juraidini, adscrito a la SCT de Gerardo Ruiz Esparza.

No se descarta que más adelante cada dependencia eche mano de su propia infraestructura, argumentando temas de seguridad en la información, propiedad de la misma y sobre todo ahorros, lo que va derivar en la cancelación de contratos de servicios administrados.

La AMITI, Amipci y Canieti han pedido claridad en el manejo que se le dará a los proyectos de TIC del gobierno. Cuáles son susceptibles de retenerse y cuáles no, pero no hay una respuesta aún. Algo que no ayuda al sector privado es que se trata de un tema que no ha sido legislado.

En esa misma tesitura está la pretensión del mismo gobierno de empezar a privilegiar proyectos de TICs que tengan una especie de ISO federal, lo cual también más que incentivar el desarrollo de la industria, frenaría su crecimiento.

Ahora va Evya

Descarte a Banorte, que preside Guillermo Ortiz, y al HSBC, que comanda Luis Peña, como acreedores de Evya, este proveedor de servicios de Pemex del que le platicaba ayer. Los que suscribieron el stand-still fueron Banamex-Citi de Javier Arrigunaga, BBVA-Bancomer que preside Luis Robles Miaja y Santander que capitanea Marcos Martínez. Incluso fue este último más que la CNBV el que empujó el acuerdo de no ejercer acciones legales. El sindicato de bancos designó a Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar como el asesor legal del proceso. El stand-still arrancó el 4 de julio y se acordó prorrogarlo automáticamente hasta un total de 120 días. Es el propio Daniel Kuri Breña el que lo lidera. En el expediente de Evya, de Francisco Javier Camargo, se repitió la historia de Oceanografía. La empresa operó con facturas apócrifas de Banamex.

Entra Execution

Por cierto que Execution Finance entró a asesorar a los acreedores de Oceanografía, de Amado Yáñez, en lo que pudiera ser un primer paso hacia la reestructuración financiera. Aunque no ha sido contratado como tal, la firma del ex Credit Suisse e IXE, Javier Nájera, empezó a conciliar los números que maneja cada prestamista. Hablamos de los bancos Rabobank de Manuel González y Banorte de Alejandro Valenzuela, los fondos Ice Canion, Ashmor, Moneda y Megeve, el grupo Candies Investment y proveedores de servicios, como Blue Marine que comanda Juan Reynoso. Execution ha sido en el pasado asesor de compañías como DeMet de Bernardo Riojas y Crediamigo de Diego Sánchez Navarro. Considérelos.

Pinfra y OHL

Telepeaje Dinámico, de Arturo Alcántara, amplió el acuerdo de interoperabilidad entre el TAG IAVE y el de ViaPASS de Pinfra, que preside David Peñalosa, a fin de operar en la red carretera de Capufe. El nuevo convenio al que se llegó el lunes es para que los usuarios de ambas compañías puedan darse de alta directamente y sin la intervención del concesionario, mediante una aplicación en computadora. Con ello se busca agilizar más la interfase entre plataformas. ViaPASS maneja unos 300 mil abonados. Se espera que en las próximas horas haya un convenio similar para los cerca de 400 mil clientes de Televía que opera OHL, la de José Andrés de Oteyza.

Arranca Abilia

Abilia, la desarrolladora inmobiliaria de María Asunción Aramburuzbala, invertirá alrededor de cien millones de dólares en Lord Bryon. Se trata de su proyecto residencial más reciente, en el corazón de Polanco. Va ser una torre de 30 pisos y tres más de tres niveles en los predios Rubén Darío 225 y 223. Los terrenos fueron adquiridos en su mayoría a la familia de Ricardo Atman Aguilar vía MIRA, el fondo que dirige Javier Barrios, ex socio de Aramburuzabala en BCBI Impulse. Tan solo por los cerca de 11 mil metros cuadrados que se consolidaron en cinco terrenos se habrían pagado aproximadamente 40 millones de dólares. Javier Sordo Madaleno es el arquitecto.

Kaltex evalúa

Círculo K, que opera el Grupo Kaltex, aún no decide si mantiene esa marca o desarrolla una propia tras haber adquirido en enero las tiendas que eran de Grupo Modelo. Como recordará, las huestes de Rafael Moisés Kalach pactaron la compra de Extra con AB InBev, lo que planteó la disyuntiva de romper un contrato de licencia con la canadiense Alimentation Couche-Tard. Uno de los primeros efectos que se derivan de la integración de unidades es que en automático tendrían que pagar una mayor regalía por la incorporación de las cerca de 950 unidades. A Kaltex, que llegó a mil 114 tiendas de conveniencia, le quedan más de diez años de contrato con Círculo K.

dariocelisestrada@gmail.com.mx