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Retroceso judicial

GUASAVE

El desmantelamiento del Cecjude y de los juzgados penales en el municipio afecta la impartición de justicia y representa un grave retroceso en materia de derecho.

Este asunto provocó ayer una manifestación de los abogados colegiados que más que celebrar su día, exigieron a las autoridades municipales y estatales revertir lo que consideran es una evidente violación a las garantías de los ciudadanos.

Primero fue el cierre del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, poco después de que se registrara una riña y en la que se terminó trasladando a los internos al penal de Los Mochis.

Esta determinación presionó a la progresiva desaparición de los dos juzgados penales y el de consecuencias jurídicas del delito, cuyos asuntos ahora se atienden en Ahome.

Pero los abogados refieren que además se necesita la instalación de un centro de justicia, ya que no es posible que Guasave tenga que depender de Salvador Alvarado para resolver asuntos penales.

Si esta medida se trató de un ahorro de los recursos del estado, para las propias autoridades la situación es incluso más costosa, pues implica traslados de la Policía Municipal y del personal de la Procuraduría a Los Mochis.

Para las familias de los reos también tiene un impacto e influye en una mayor burocracia que en nada ayuda a mejorar el sistema de justicia.

Salta la sospecha el porqué el poder judicial no promovió un recurso para obligar al ejecutivo estatal a reinstalar el Cecjude e impedir el cierre de los juzgados que ya operaban.

Sin duda los más afectados son los ciudadanos quienes tendrán que gastar más recursos para que se apliquela ley.