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Opinión

Revocación de mandato en Sinaloa

Por: Saúl Lara Espinoza

Somos de la idea y convicción de que la ciudadanía no tiene por qué soportar todo un sexenio o un trienio a los malos gobernantes o funcionarios ineptos. Tampoco tiene por qué tolerar decisiones torpes y caprichosas o nombramientos otorgados a personas sin perfil para desempeñar determinados cargos. Menos aún, reelegir a quienes no cumplan con sus promesas de campaña o traicionen al pueblo una vez en el poder.

Con esa convicción y espíritu, se instituyó aquí en Sinaloa la figura de la revocación de mandato desde el 2001. El autor de esta colaboración fue el primer iniciador legislativo de la mencionada institución jurídica en 1997, junto a las candidaturas independientes, el plebiscito y el referéndum.

Recordamos que fue hasta el 10 de octubre del 2003, en que culminó el proceso legislativo para instituirla en la Constitución Local; en cuyo decreto correspondiente se ordenó desde esa fecha reglamentarla en la legislación secundaria en un plazo de un año, y no se hizo dentro del mismo.

Ya han transcurrido más de 14 años de ello, y no se ha hecho la referida reglamentación. 

Es pertinente precisar que únicamente se reglamentaron las figuras del plebiscito y el referéndum en la Ley de Participación Ciudadana, emitida por cierto muy tardíamente por el Congreso Local hasta el 24 de julio del 2012; consecuentemente dejando por fuera la revocación de mandato. Observamos claramente que se tuvo temor de hacerlo. Por algo será.

Empero, es una necesidad pública. Lo público pertenece al interés legítimo del pueblo. No a la mentalidad caprichosa de uno o de unos cuantos. Les guste o no, tiene que hacerse, máxime que las autoridades competentes protestaron cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes emanadas de esta.

Dicha protesta es un juramento que no debe hacerse jamás en vano, porque es un acto que sella el compromiso con la patria y con su pueblo. Y ello no constituye simple solemnidad protocolaria. Es un deber jurídico, además de ético. Y por ello hay que cumplir con la palabra empeñada.

Resulta pertinente recordar que al final de la disposición constitucional relativa a la protesta, literalmente ordena: “Si no lo hiciereis así, la República y el Estado os lo demanden”. Así que hay que atenerse a dicho mandato y a las libertades públicas cuando lo reclamen. Hay que entender que ya no estamos en el absolutismo monárquico.

Dicha institución jurídica sirve para que al poder público lleguen las personas más sensatas, congruentes, prudentes, honradas y capaces. En una palabra, idóneas. Y también es útil para expulsar del referido poder a los corruptos, mediocres, soberbios, ineficientes e ineficaces servidores públicos de alto nivel, y a los que hagan mal uso de él. 

Hay que recordar que fueron muchísimos y muy caros los sacrificios humanos para transitar de dicho absolutismo al Estado Moderno.

Sabemos que todavía existen mentes ancladas en la época oscurantista. Es una herencia de la colonia española que no ha podido superarse. De allí la necesidad de poner en marcha la revocación de mandato.

La revocación de mandato tiene su base en el artículo 150 de la Constitución de Sinaloa. Al final de dicha disposición dice: En la legislación reglamentaria se establecerá el procedimiento. Y es hora todavía que no se reglamenta. No obstante de que han transcurrido, reiteramos, más de 14 años desde que se ordenó hacerlo. A esto se le llama omisión legislativa. Lo malo es que tal omisión ha sido deliberada y perversa. Ello, además, constituye un agravio que exige resarcirse.