Opinión

De constitución y diputados locales: cuentas públicas

LECTURAS

Por  Rigoberto Ocampo Alcántar

En el escenario político de Sinaloa están en puerta la semana que entra dos asuntos que atañen a los diputados locales y las leyes locales. El primero es el relativo a la revisión de las cuentas públicas de 2017 de los ayuntamientos y el Gobierno del Estado. Interviene la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. En la sesión de esta Comisión se decidió rechazar el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Más allá de ese dictamen de comisiones, el voto definitivo será del pleno de los 40 diputados del Congreso del Estado, quienes van a determinar si aprueban o no ese dictamen. El diferendo sobre las cuentas públicas está en una diferencia expresa en el articulado de la Constitución de Sinaloa. Van las dos partes y sus fechas de reforma constitucional:

Artículo constitucional 37, cuarto párrafo: “En caso de que en la revisión de una cuenta pública o de la información sobre aplicación de recursos de cualquier ente fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan presumir la existencia de delitos o que impliquen responsabilidades de cualquier tipo, la Auditoría Superior del Estado deberá presentar las denuncias o querellas que correspondan ante la Fiscalía General del Estado. De igual forma las presentará ante los órganos de control interno de los Poderes del Estado, de los municipios o de los órganos constitucionales autónomos, según el caso. (Ref. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).

Artículo 43, fracción XXII: Revisar y fiscalizar la cuenta pública del año anterior, discutiendo, aprobando o rechazando, en su caso, un dictamen del  Informe General del Resultado, así como de los informes individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, elaborados por la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de someterlo a votación del pleno, evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. (Ref. Según Decreto No. 189, de fecha 29 de agosto del 2017, publicado en el P.O. No. 114 de fecha 08 de septiembre de 2017).

Por un lado, el artículo 37 constitucional fue reformado por el Congreso local en marzo y agosto de 2017. En resumen, las diversas reformas de ese año fueron para eliminar la aprobación, por parte del Congreso, de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y municipios para pasar esa responsabilidad a la ASE. Por otro lado, el artículo 43, también fue reformado en agosto de 2017. En resumen, y en contradicción con lo hecho en el artículo 37, en el 47 se adicionó como una de las facultades “exclusivas del Congreso del Estado” aprobar o rechazar los informes de las cuentas públicas. Es decir, el mismo día se reformó la constitución para que un artículo no dijera que el Congreso revisa y aprueba las cuentas públicas, y, se reformó para que otro sí lo dijera, incluso, dejando literal, o “rechazando”. Sólo la Suprema Corte de la Nación podrá dirimir este diferendo entre dos artículos constitucionales, en caso de que se presente a votación y sea aprobado ese dictamen de la Comisión de Fiscalización.

DE LEYES Y DIPUTADOS LOCALES:  ÚMERO DE DISTRITOS 
El 2 de mayo de 2017, el Congreso del Estado reformó el artículo 24 constitucional en cuanto al número de regidores en los ayuntamientos y al número de diputados del Congreso local. Estableciendo dos condiciones: En el primero que la disminución de diputados entraría en vigor hasta las elecciones de 2021. Y, en el tercero: “Comuníquese al Instituto Nacional Electoral (INE) el presente Decreto a efecto de que conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, realice la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales correspondientes al estado de Sinaloa, que atiendan a la conformación del Congreso del Estado”. El INE ya instaló la mesa técnica para la nueva distritación que ordena esa reforma constitucional. Sólo falta un detalle: Saber si el Congreso emitió esa acción de “comuníquese” al INE para hacer la nueva distritación, según trascendido no fue así. O bien, el INE se dio por notificado con la publicación de la reforma constitucional en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el 4 de mayo de 2017. Podría haber, quizá, sólo quizá, un diferendo de interpretaciones, que en todo proceso electoral tienen cabida.

PÁRRAFOS: DE INTERMEDIACIÓN 
En los próximos días se verá cuál es la definición del Congreso local y la acción constitucional que pudieran presentar los afectados. Pero lo que es un hecho es que los dos diferendos constitucionales, en materia de fiscalización y electoral, están. Ahora será tiempo de intermediación política, antes de llegar a los tribunales. Es tiempo de construcción de acuerdos, por Sinaloa y los sinaloenses.

lecturas_eldebate@yahoo.com