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Opinión

Río Sonora: también caso de derechos humanos

CAMPOS ELÍSEOS
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Por: Katia D'Artigues

Han pasado 23 días. El 6 de agosto la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de cobre. Esto afectó 271 kilómetros de diversos ríos (el Sonora, el Bacanichi y el Tinajas) y la vida de 21 mil 651 habitantes que viven en siete municipios colindantes, según el censo del 2010.

Según imágenes de satélite tomadas a esta distancia, el río sigue siendo una mancha roja oscura, color sangre, en la geografía mexicana.

Cada día que pasa, las respuestas recibidas a esta negligencia criminal —considerada por el secretario de Medio Ambiente como "el peor desastre ambiental en la industria minera del país en los tiempos modernos"— son más indignantes por donde se le vea.

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Los derechos humanos violados.

Además de que hay una afectación clara al medio ambiente que tendrá que contabilizarse; también deber haber una investigación por violar otro derecho humano plasmado en el Artículo 4 de la Constitución: el de acceso al agua. Un derecho que internacionalmente se planteó en la Asamblea General de la ONU desde julio de 2010 (resolución 64/292).

La contaminación por cobre puede provocar, en humanos, desde anemia, fiebre, diarrea, vómitos, hasta dolores de pecho, insuficiencias hepáticas y pulmonares a largo plazo.

La CNDH inició su averiguación hasta el 11 de agosto. La Comisión de Derechos Humanos de Sonora, a cargo de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, ha brillado por su ausencia.

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Los derechos humanos por definición sólo los puede violar el Estado. Y el Estado, aunque en Sonora pareciera ser Grupo México (por la reacción del gobernador, que ya trataremos después), no lo es.

Esto abre otra puerta que habría que analizar: ¿el derrame se dio por una negligencia de parte del gobierno federal, que da la concesión para explotar una mina? ¿Le faltó al Sistema de Administración Minera, que depende de la Secretaría de Economía, vigilar a su concesionado?

Si es así, el Estado también podría ser considerado como un agente violador de derechos humanos. Los afectados podrían considerarse víctimas y pedir reparación del daño directamente como dice el Artículo 17 constitucional y luego la Ley General de Víctimas… Hay un fondo del Estado para eso: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Es como el caso del albergue "La Gran Familia". Sin duda hay una responsabilidad particular —la de Mamá Rosa y sus secuaces—, pero también del Estado, que debiendo de regular esos espacios claramente, no lo hizo. Por décadas.

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La multa risible.

Germán Larrea Mota Velasco es uno de los hombres más ricos del mundo, según Forbes. Está en el lugar 59 con 16 mil millones de dólares. Es dueño, además de muchas minas, también de negocios ferrocarrileros (ferrovías), de aeropuertos (Grupo Aeroportuario del Pacífico) y miembro del Consejo de Administración de Banamex. Su padre, en 1962, fundó el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

Sin embargo, su empresa no sólo ocultó información (hasta el 8 de agosto, dos días después, dieron a conocer el derrame), sino que además consideran que no deben ser multados.

Lo dice un comunicado (a la fecha no tienen vocero: así les importa) donde rechazan "las acciones legales punitivas" anunciadas por la Profepa que serían, máximo 40 millones de pesos a la par de anunciar la cantidad de empleo que dan: nueve mil empleos directos con una derrama económica de mil cuatro millones de pesos.

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¡Y oh!, bien generosos, anuncian que a la luz de la tragedia ya dieron tres millones 500 mil pesos por cada uno de los siete municipios afectados directamente, además de recursos de agua potable.

¿Cuánto vale un río limpio, más en un estado con escasez de agua como Sonora? ¿Cuánto vale la salud de al menos 21 mil habitantes y quizá, generaciones por venir?

Sin que puedan ser comparaciones exactas (algunas de ellas son de compañías petroleras, que bueno, nos pueden servir de referencia para el futuro muy próximo) le doy algunos ejemplos internacionales:

En marzo pasado, en Loreto, Perú, la empresa argentina Pluspetrol contaminó parte del río Corrientes con varios metales vertidos. La multa aplicada fue de siete millones de dólares. >

En abril de 2010 se registró el derrame de una plataforma de la firma Bristish Petroleum en el Golfo de México. La multa aplicada por el Gobierno de Estados Unidos fue de 75 millones de dólares.

En 2007, en Minas Gerais, Brasil, la fábrica de papel Industria Cataguazes contaminó parte del río Pomba. Se le multó por 71 millones de dólares, daños al medio ambiente.

Apenas el pasado 4 de agosto hubo un caso en la mina Mount Polley, de Imperial Metals, en Canadá. Se derramaron cinco millones de metros cúbicos de lodo tóxico, afectando seis poblaciones. La multa que podría aplicársele es de 200 millones de dólares.

Y aquí, Grupo México se indigna por 40 millones de pesos. Claro, más la reparación del daño que seguramente será de mucho, mucho más: cientos o miles de millones.

En la edición on line le detallo las dependencias que realizarán el informe para cuantificar la reparación de daños y qué hará el gobernador Guillermo Padrés con el dueños de Grupo México.

katia.katinka@gmail.com