Opinión

Disciplina financiera pública

SUSTANCIA SIN RETÓRICA

Por  Saúl Lara Espinoza

Disciplina financiera pública(Foto: El Debate)

Disciplina financiera pública | Foto: El Debate

En general, técnicamente la disciplina financiera es la gestión responsable, razonable y sostenible de las finanzas. Esta implica, entre otras múltiples cosas, conocimiento y dominio técnico tanto de la contabilidad en general como de la financiera en lo particular, donde se manejen cuidadosa y armoniosamente las cuentas contables, incluyendo las de orden y de resultados, que permita mantener el control de un equilibrio adecuado y sano entre los ingresos y los egresos que, idealmente, generen condiciones de inversión para el crecimiento viable, así como una estabilidad y productividad continua o permanente. Ello también conlleva a la aplicación y observancia de ciertas reglas y principios éticos, así como rigurosidad y honestidad a toda prueba.

En el ámbito público, jurídicamente a la disciplina financiera se le puede definir de manera elemental como la observancia y aplicación armónica de los principios y las disposiciones legales en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, y al correcto manejo de la contabilidad gubernamental; la cual incluye la aplicación de reglas y criterios adecuados y éticos en la operación de recursos y la contratación de obligaciones contraídas o por contraer de los entes públicos, que permitan también asegurar una gestión responsable y sostenible de sus finanzas, con el propósito de generar condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del propio sistema financiero. 

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De tal manera que el poder público no es para dar rienda suelta a caprichos o actitudes anárquicas, soberbias, despilfarradoras y prepotentes de quienes transitoriamente ejercen el poder del pueblo otorgado por mandato soberano de este. Recuerden, quienes lo ejercen son simples mandatarios, no los propietarios del poder y del erario público como para hacer lo que les venga en gana.

Ahora bien, donde deseo poner el énfasis en esta breve colaboración, es en el aspecto de la contratación de obligaciones, porque es donde se debe tener especial cuidado para mantener una disciplina financiera, ya que la referida contratación conlleva inexorablemente a la deuda pública. Se observa muy a menudo que, aunque no se tenga suficiente solvencia financiera para cumplir en tiempo y forma con ella, existe el añejo vicio de endeudar al erario público, operando irregularmente los recursos etiquetados, comprometiendo así hasta las futuras transferencias que realiza el Gobierno federal vía Coordinación Fiscal. También compromete futuras generaciones de ciudadanos que han de pagar impuestos; incluso, a los gobiernos que les sucederán. 

Para inhibir formalmente el acelerado y vertiginoso fenómeno de endeudamiento público de estados y municipios, fue emitida, precisamente, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016. Ahora lo que sigue es cumplirla rigurosamente, no solo en el discurso o la simulación arraigada, ocultando movimientos y actos irregulares como con frecuencia resulta usual; no siendo así honestos ni transparentes como lo ordena el marco jurídico que lo rige, y que permita además generar una mejor ciudadanía en pos de instaurar una democracia de calidad, a través, entre otros, de una adecuada y honesta información y transparencia.

La Ley de Disciplina Financiera tiene como objetivo esencial propiciar finanzas públicas sostenibles, a través del uso responsable de la deuda pública y el fortalecimiento y trasparencia de esta. 

Esta transparencia, vista desde otra dimensión, si se obedece, implicará en el mediano y largo plazo el mejoramiento de ciudadanía y una democracia de calidad, cuyos ojos de la sociedad serán mejores auditores que, incluso, los que se tienen formalmente en algunos organismos o cierto poder público, puesto que dicha sociedad no será selectiva por motivos de índole político ni aun por encargo. Para terminar con vicios o desaseos en las finanzas públicas, se requiere y exige honestidad auténtica, conocimiento técnico, seriedad, objetividad, imparcialidad, mesura y transparencia en la operación de los recursos públicos.

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