Opinión

Hacia una política de Estado contra la corrupción en México

SUSTANCIA SIN RETÓRICA

Por  Saúl Lara Espinoza

Emilio Lozoya, ex director de Pemex(Foto: AFP)

Emilio Lozoya, ex director de Pemex | Foto: AFP

Hace alrededor de diez años se nos invitó a impartir un curso de Política Tributaria en el Doctorado de Estudios Fiscales, en la División de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración (FECA) de nuestra alma máter. Dentro de él fue examinado, entre otros variados temas específicos, el costo de la corrupción en México bajo la perspectiva fiscal.
En el referido tema examinamos técnicamente y a profundidad ese lacerante y añejo, pero muy actual problema en nuestro país, y en muchísimas latitudes del orbe.

Al respecto, la semana pasada, a raíz de la extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex,  revisamos, entre muchos otros, dos magníficos y contemporáneos trabajos académicos. Uno debido a María Amparo Casar, bajo el título México: anatomía de la corrupción, coeditado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El otro, pertenece institucionalmente a la autoría de este segundo organismo, cuya obra se denomina La corrupción en México: transformamos y no avanzamos.

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También revisamos diversos y actuales ensayos y artículos académicos referentes al citado tema específico, así como múltiples indicadores de fuentes oficiales, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, para no aburrirlos, no los vamos a saturar con tanto número, solo vamos a referir algunos datos.

De ellos recogimos que el índice global de la corrupción en nuestro país, se estima – aunque difícil y complejo de calcular económicamente con certeza y precisión –, en alrededor del 5% con relación al Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) de 2019, el cual sumó 24,236 billones de pesos corrientes. Porcentaje que significa la cantidad de 12,118 billones de pesos; cifra que constituye, verbigracia, casi 22 veces el presupuesto de egresos de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2020, y algo así como el 19.84% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo ejercicio fiscal.

Dicha cantidad, por concepto de corrupción, alcanzaría para adquirir de contado riguroso, aproximadamente 4 millones 39 mil viviendas de interés social, a razón de 300 mil pesos cada una.

Con ello se resolvería de tajo, y en un solo año, la carencia de vivienda en México, o alcanzaría para instrumentar diversas políticas públicas de largo alcance a favor de millones de mexicanos que se hallan en pobreza moderada y extrema; y que el dinero no se quede en los patrimonios particulares de algunos pseudepolíticos que hay en muchos lugares del país. Pero que en realidad son vulgares ladrones, como los que figurarán en el caso Lozoya.

Así que, sería bueno que se desarrollara genuinamente en nuestro país una política de Estado contra la corrupción, y no solo optar por una justicia selectiva de corte ideológica. Se requiere ir a las entrañas mismas de nuestro Sistema Político Mexicano, así como a la profundidad sociocultural para mejorar todas aquellas distorsiones mentales y conductuales que se suscitan en los ámbitos social, económico y político, a fin de que no prevalezca en los hechos el vulgar adagio popular que dice: “el que no transa, no avanza”.

Les aseguro que sí se puede avanzar sin mentalidad corrupta y sin prejuicios. Sabemos que ello se torna lento, complejo y difícil, pero puede emerger, por convicción ética, una conducta firme y genuina. Claro, “sin doble moral”. Se trata de ser honrado en toda la extensión de la palabra, puesto que la honradez no admite término medio. Aunque ya se sabe que se colaron algunos corruptos en la 4T. Cuando se proceda contra ellos también, entonces vamos creer que la cosa va en serio. Por lo pronto le estamos dando puntual seguimiento al caso Emilio Lozoya Austin. 

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