Opinión

¿Se vale comprar el voto de un legislador?

JUEGOS DE PODER
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Por: Leo Zuckermann

La respuesta debería ser un rotundo "no". Debería. Pero todo depende de lo que entendamos por el verbo "comprar". De acuerdo a la Real Academia Española, significa "obtener algo con dinero". Si un presidente, por ejemplo, le ofrece un millón de pesos a un senador a cambio de su voto a favor de una iniciativa que el Ejecutivo está proponiendo, estaríamos frente a un caso de soborno. Pero qué tal si le ofrece aún más dinero, digamos que cien millones, para construir una carretera en el estado del senador que desde hace varios años éste lleva prometiendo a su electorado. ¿También eso se consideraría como un soborno? ¿Se vale en una democracia este tipo de intercambios?

El primer caso, de dinero público que se queda el legislador en su bolsa a cambio de su voto, no tiene por qué debatirse: es corrupción pura. Y es, por cierto, lo que está revelando el senador panista José María Martínez quien afirma que el dirigente de su bancada en el Senado, Jorge Luis Preciado, le ofreció medio millón de pesos a cambio de su voto "para respaldar una propuesta del PRI". La revelación suena más bien a venganza puesto que Martínez la realizó luego de conocer que lo habían removido como vicecoordinador del PAN en la Cámara Alta. Desde luego que sería gravísimo que esto fuera cierto. Sobre todo ahora que hemos terminado un profundo proceso de reformas legislativas donde el gobierno priista consiguió el apoyo de los legisladores del PAN y PRD. ¿Se habrá recurrido al soborno, en dinero contante y sonante, para obtener votos de los opositores?

Se trata, por desgracia, de una vieja práctica en las bisoñas democracias de América Latina. En Brasil, José Dirceu, exjefe del gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado por el sonado caso "mensalão". Le comprobaron que, desde su oficina, compró votos de legisladores de partidos diferentes al del presidente para garantizar que ciertas leyes se aprobaran en el Congreso.

Cómo olvidar a Vladimiro Montesinos. En un famoso video vimos cómo el asesor del presidente Alberto Fujimori de Perú le entregaba 15 mil dólares en efectivo a un congresista opositor para que se cambiara de partido y votara las iniciativas legislativas del presidente. Montesinos, a la postre, fue condenado por este y otros crímenes más.

Pero una cosa es dinero, presumiblemente público, para que se lo quede el legislador en su cuenta privada y otra diferente es el intercambio de favores que, de hecho, es el aceite de las democracias. El famoso quid pro quo: "yo te doy esto a cambio de que tú me des aquello".

Pocos políticos como el presidente Lyndon B. Johnson de Estados Unidos para realizar este tipo de transacciones. El texano, quien antes de pasar al Ejecutivo, fue el líder de los demócratas en el Senado durante la presidencia del republicano Dwight D. Eisenhower, tenía tres preceptos que utilizó con gran eficacia durante su paso por la Casa Blanca: "hay que contar", "hay que ofrecer y cerrar tratos" y "hay que llevar registros".

Primero está la importancia de los números en una democracia. ¿Cuántos votos se necesitan para aprobar una ley? ¿Cuántos se tienen asegurados? ¿Cuántos faltan? ¿De dónde los podemos sacar? Johnson calculaba. Sabía que, para ganar, sólo se requiere el margen de un voto. El Presidente salía a buscarlos. De ahí su segundo precepto: strike a deal. Pedía y ofrecía. Era un mercader de la política. Vamos a construir la presa en tu estado a cambio de tu apoyo en la iniciativa de derechos civiles. Quid pro quo. Persuadía, manipulaba, presionaba y en algunos casos hasta amenazaba dentro de lo que permitía la ley. Y siempre llevaba registros de sus maniobras. Keep a book. Anotaba cómo se había comportado cada uno y cada cual a la hora de las definiciones. Cuando podía, los premiaba o castigaba. Era generoso con los aliados e implacable con los adversarios.

Aquí, en México, el presidente Peña demostró ser un político eficaz dispuesto a utilizar el quid pro quo para sacar adelante su agenda legislativa. Dentro del marco del Pacto por México, le concedió cosas a los panistas y perredistas a cambio de su apoyo. Seguramente utilizó, además, el Presupuesto de Egresos para beneficiar ciertos proyectos que les interesaban a las dos fuerzas políticas opositoras (no es gratuito, por ejemplo, que el DF haya sido el gran ganador de las obras de infraestructura de este sexenio). Todo esto es legal y normal en un proceso de negociación democrática. Lo que ya no es legal, y sería un escandalo, es que hubieran recurrido, también, a la compra de votos de legisladores tal y como anda revelando el senador Martínez. Porque, en una democracia, hay de compras a compras.

Twitter: @leozuckermann