Opinión

Segundo informe de gobierno

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Por: FRANCISCO VALDÉS UGALDE

En la presentación del Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional el presidente Enrique Peña Nieto detalló acciones, datos y cifras acumulados en 21 meses de su gobierno. La primera parte de su discurso representa un reto para la sociedad y el gobierno. Las 11 reformas emanadas del Pacto por México que marcaron la colaboración entre Legislativo y Ejecutivo fueron proclamadas voluntad de cambio compartida. Desde la educativa hasta la energética las reformas han constituido los consensos más trascendentes entre las fuerzas políticas desde las reformas que condujeron a la transición democrática y el pluralismo.

No ha sido contundente la percepción de por qué fueron posibles estos consensos, cuando durante doce años prevalecieron los desacuerdos. La diferencia entre el antes y el después la estableció el Pacto por México al crear un espacio en que todas las fuerzas e instituciones participantes tuvieron una ganancia sin renuncia a sus identidades. El Ejecutivo, el Legislativo y los partidos políticos principales, así como una variedad de actores económicos y sociales interesados de tiempo atrás en las transformaciones originadas por esas reformas consiguieron resultados en su favor. El debate y la crítica que circundaron el Pacto y sus efectos legislativos y administrativos involucraron a todos los que pudieron formular públicamente su parecer. Empero, la escasa madurez de los medios de comunicación audiovisuales, por desgracia, no dieron lugar a la voz más amplia de la sociedad, que sólo fragmentariamente se manifestó en el proceso. Esto exhibió también las carencias de representatividad de las instituciones y las fuerzas políticas. Según las encuestas más recientes, el ciudadano de a pie no está entusiasmado por el proceso reformista, presumiblemente porque no lo ha palpado en el bolsillo.

No obstante, las grandes obras de infraestructura anunciadas, al lado de las señales de recuperación de las economías de Estados Unidos y Europa pueden ser un disparador del crecimiento que no llega y que mantiene al país en un rezago preocupante y progresivo en que desempleo, desigualdad y pobreza constituyen bombas de tiempo. Algunas de ellas ya han explotado en forma de criminalidad y violencia.

Retomar el desarrollo fortaleciendo a la vez la democracia requiere mayor inversión, un Estado más activo en el desarrollo (no solamente en el crecimiento), y acciones consensuadas con arreglo al Pacto por México para combatir la corrupción y los enclaves autoritarios, para edificar un verdadero estado de derecho con imperio de la ley y justicia social efectiva, y para fortalecer la pluralidad de voces en la política.

El optimismo transmitido por el presidente Enrique Peña Nieto puede verse ensombrecido si no se extienden pronto los beneficios del cambio a los pliegues más afectados del tejido social. En la educación comienza ya a verse, pero hay otras franjas que requieren de atención cuidadosa y compartida entre las fuerzas políticas en la instrumentación de las reformas, sobre todo las más recientes. De no atenderse ambos factores: consensos para edificar un Estado democrático de derecho en serio e implementación cuidadosa y transparente de las medidas económicas, podría regresarse a una situación de polarización y desacuerdos que atentarían contra los alcances esperanzadores que conllevan las reformas. Pasaríamos de un juego ganar-ganar a un resultado de suma cero. Eso no le conviene a nadie, a menos que intereses mezquinos y fraccionales se impongan sobre los intereses de la mayoría. Por esto urge que en la clase política, especialmente en la hoy oposición, cale hondo la idea de presentar fórmulas de equilibrio convincentes para el electorado que la fortalezcan. El desvanecimiento de la oposición del panorama de la eficacia sería una pésima noticia para el país.