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Senadores vs Constitución

Con lo que nos cuestan sus asesores, más el dineral que de nuestros impuestos se destina a los partidos políticos que los llevaron al poder, más lo que se inviste a la oficina de la Presidencia, resulta alarmante que en ninguno de estos espacios se detenga una ley que pisotea los derechos humanos, mientras ignora las garantías constitucionales que los salvaguardan.

Sobre la ilegalidad de la iniciativa de ley de telecomunicaciones que se presentó en el Senado de la República el 24 de marzo, se han realizado muchos llamados de atención. Sin embargo, en los recintos legislativos no se escucha el rechinido de ningún freno que intente detenerla. ¿Están ustedes dispuestos a regular así a pesar de que con ello violan la Constitución?

Es indispensable que cada uno de ustedes, señores senadores, lea el análisis que les entregó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), sobre esta propuesta de ley. Sus advertencias acerca de la violación de derechos humanos que acarrearía consigo, resultan irrefutables.

Por mencionar algunos, comienzan por señalar que la propuesta de ley no ofrece suficiente resguardo para evitar la figura de preponderancia, que implica que un solo agente económico cuente con más de 50% de participación nacional en la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Además limita las medidas de competencia que se requieren para un mercado sin monopolios.

Señalan que la libertad de expresión queda igualmente vulnerada ya que la iniciativa no atiende a la noción de que la radiodifusión y las telecomunicaciones son un servicio público como lo establece la Constitución, sino que dan prioridad a los intereses privados sobre el interés general y los derechos humanos.

Señores senadores, no podrán después disculparse alegando que no fueron advertidos de que las disposiciones de esta iniciativa no respetan la Constitución. La propuesta intenta que muchas de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT sean trasladadas a la Secretaría de Gobernación, la que más preocupa es justamente la revisión de contenidos ¿Saben que con esta "sutil" regulación, ponen en peligro la libertad de expresión y vulneran la autonomía de los medios de comunicación?

En cuanto a los medios públicos, también violarían la Constitución, porque esa regulación afectaría su independencia al pretender limitarlos al financiamiento público y excluyendo, en consecuencia, la posibilidad de contratar publicidad de carácter privado. La CDHDF les ha advertido, además, que están atentando de igual manera contra los medios sociales y comunitarios, y que recurren en su iniciativa a un "mal entendido concepto de medios no lucrativos". Les avisan también del riesgo al equiparar los requisitos para constituirse como medio comunitario a los que se solicitan para concesiones nacionales, en vez de impulsar su desarrollo como espacio y bien colectivo.

La CDHDF los ha exhortado a que no vulneren los derechos de las audiencias y a que coloquen a las personas en el centro de la regulación.

Antes de votar la ley estén al tanto de que violenta los principios de neutralidad de Internet y hace responsables a los intermediarios, con lo que se viola por completo la libertad de este espacio. Sean responsables cuando nos sometan a todos los ciudadanos al permitir que cualquier autoridad solicite a las empresas el bloqueo de distintos contenidos, de manera arbitraria, estableciendo mecanismos de censura previa. Lo mismo si pretenden permitir el registro de comunicaciones privadas.

Votar así, Señores senadores, es violar la Constitución y pasar por encima de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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