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Solidaridad con las víctimas del sismo en Chiapas y Oaxaca

“A la memoria de Claudio Jones Tamayo, qepd”.

Desde el fatídico temblor de 1985, México ha venido preparándose para hacer frente a las manifestaciones violentas de la naturaleza. Inició una cultura de protección civil, especialmente en las ciudades. A partir de entonces se han mejorado los estándares de construcción y se ha impartido capacitación a miles de personas para advertir amenazas y vulnerabilidad a los desastres naturales.

La administración pública federal ha tomado distintas medidas. Por ejemplo, creó el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual llevó a rediseñar y fortalecer el Programa DN-III-E que encabeza la Sedena. En 1996, la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP diseñó y creó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para prever y disponer de recursos financieros que permitan actuar con gran oportunidad para mitigar el daño ocasionado por fenómenos geológicos como los temblores, golpe de mar (tsunami), erupciones de volcanes, así como los desastres ocasionados por eventos hidrometeorológicos, y otros. Desde 2006 el Fonden logró la contratación de un seguro para riesgos catastróficos. Con apoyo del Banco Mundial emitió el primer bono catastrófico soberano del mundo que proporcionó cobertura contra sismos en zonas específicas del país. En la póliza de este seguro se incluyeron huracanes que azoten los litorales de los océanos Pacífico y Atlántico.

Se dispone también de la plataforma informática de la Red Sísmica Mexicana, la cual comparte información con autoridades estatales sobre secuelas de un sismo.

No obstante estos avances, las capacidades del Estado todavía están muy limitadas para llegar oportunamente con la ayuda a comunidades dispersas y alejadas de los grandes centros de población. Ahora, además de la tragedia ocasionada por este sismo de gran magnitud, el más fuerte en un siglo, están las dificultades de logística para acceder a la población de estas comunidades y entregar las muestras de solidaridad provenientes de todo el país.

En Oaxaca hay un total de 570 municipios, de los cuales 480 tienen una población menor a 10 mil habitantes. Más todavía, hay más de 100 municipios que tienen menos de mil habitantes; por ejemplo, Guelatao de Juárez apenas rebasa las 500 personas.

En Chiapas hay 118 municipios, de los cuales 24 tienen una población menor a 10 mil habitantes.

Esta dispersión poblacional en ambos estados dificulta la llegada de la ayuda a los habitantes de miles de comunidades dispersas.

Las imágenes que la prensa nos ha mostrado corresponden en su gran mayoría a sus grandes centros de población con más de 50 mil habitantes, pero estas entidades federativas se caracterizan por ser fundamentalmente rurales. Recordemos también que estas entidades se disputan, junto con Guerrero y Veracruz, el título de las de mayor pobreza. Esto nos obliga a reflexionar sobre la organización interna de Oaxaca y Chiapas, pues para sacar a su población de la pobreza es necesario promover una migración a nuevos centros de población donde puedan acceder a los servicios públicos básicos y simultáneamente puedan tener acceso a una vida productiva. Su pobreza estriba también por la incapacidad de participar en los procesos de intercambio de bienes y servicios; de lograrlo podrían ligarse a cadenas de mayor valor. Sus ancestros lograron el esplendor en centros urbanos que hoy son admirados por propios y extraños.

La gran lección de la historia de las civilizaciones es que las comunidades que se aíslan y no comercian son también las que menos avanzan.

En este mes de fiestas patrias no olvidemos a quienes hoy han perdido lo poco que tienen.

Ayudemos desde nuestros centros de trabajo, escuelas y universidades y coordinémonos con las instituciones federales y estatales y las organizaciones privadas y sociales. En estos momentos la ayuda es para la sobrevivencia de los damnificados. Muy pronto los tendremos que apoyar para la reconstrucción. El mejor instrumento son los impuestos que pagamos. Por ello es fundamental que los diputados federales de esta legislatura, en este su último paquete económico que aprueban, se “sacrifiquen” y dejen de pensar en los moches. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 es el gran instrumento para asegurar una reconstrucción ordenada de Chiapas y Oaxaca.