Conéctate a El Debate

O conéctate con...

Usuarios registrados

Cancelar

Son preguntas

GUASAVE

Se oye, por boca de políticos, también se lee por declaraciones del propio Mario López Valdez, que si los acopiadores de cosechas no la pagan, el gobierno del estado del que es titular, tomará la determinación de "cerrar la frontera" para impedir que salga la producción a los centros de consumo.

La postura en ese sentido, que tiene un sonido tan demagógico como populista, es aplaudida a rabiar por dirigentes de ciertos membretes agrícolas y aún más, advierten que igual se sumarán a ella como medida de presión si no les cumplen.

Me deja confuso el desparpajo o desplante de arrogancia con el que se anuncia la eventual disposición oficial y me pregunto en medio de mi supina ignorancia, si una medida de tal naturaleza estaría encuadrada en la legalidad a la que el gobierno se obliga a sujetarse.

Le doy vueltas al asunto y esculcó someramente la ley buscando un resquicio que en algún lado contemple bloquear el paso a cualquier tipo de vehículo que flete granos de Sinaloa a otra parte del país bajo el argumento de que no se cubre el precio ofrecido a los agricultores.

Y no, no lo encuentro. Antes al contrario la Constitución Política garantiza el libre tráfico a excepción hecha por supuesto del trasiego de mercancía de procedencia ilícita o contravenga la ley, que sería el caso por ejemplo de drogas e introducción de artículos de contrabando al país.

Igual me pregunto si en nuestro sistema jurídico es legal que la autoridad actúe afectando algún derecho de los mexicanos, sin el soporte de una disposición que lo autorice.

Será, me interrogo a mismo, que el gobernador tiene las facultades "mateconstitucionales" para ordenar el "cierre de fronteras" de Sinaloa en atención al reclamo del pago del precio del maíz.

Lo que únicamente veo en medio del anuncio, es que se sitúa en un espacio de conflicto entre particulares (productor-acopiadores-industrial-, al margen de que el gobierno federal, no el estatal, otorgue apoyos o subsidios y debería resolverse mediante otros procedimientos que no sean violatorios de la ley.

Sin embargo queda la duda, porque no lo alcanzan a procesar nuestras cortas entendederas, -o simplemente porque somos legos en la materia-, que ¿si no es sólo en el caso de que estuviese involucrado el interés general, como lo sería un problema sanitario, pudiera justificarse la intervención coordinada de ambos gobiernos, estatal y federal, para controlar el tráfico de mercancía?.

No sé, son preguntas que es necesario se aclararan, porque hasta lo que opinan los expertos en la ley -y no la casa precisamente- resulta absolutamente carente de fundamento legal el anunciar el cierre de fronteras para impedir la salida del maíz.

Lo anterior, independientemente de que se trata de un asunto entre particulares que deberían tener la vía expedita en los tribunales para armar una defensa bajo que ese supuesto se diera.

Ahora bien, asumiendo que lo que el estado advierte, se trata solamente de una "quedadera de bien" y finalmente sea sólo eso en un mero desplante, el riesgo que existe es que sus dichos podrían tomarse en serio por grupos radicales y en verdad bloqueen el tráfico de maíz, para enfrentar la posibilidad de que el gobierno federal intervenga y con lujo de fuerza, como es su deber, restablezca el estado de derecho.

Una última pregunta: si acaso la amenaza del gobernador de cerrar fronteras al maíz se hace efectiva a través de organizaciones agrícolas, aunque el gobierno local no tenga nada que ver con esa decisión, el del centro, lo creerá?