Opinión

TERCER PISO

Por  Tercer Piso

Ruptura. La división en el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado es cada vez más evidente, y los diputados ya no lo pueden ocultar. Prueba de ello fue la rueda de prensa de ayer encabezada por la coordinadora parlamentaria, Graciela Domínguez Nava, quien estuvo acompañada por 16 de sus compañeros de bancada, para presentar su agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de sesiones. La conferencia inició con la ausencia de seis legisladores morenistas, pero en el transcurso de esta llegaron a la sala de juntas del grupo parlamentario María Victoria Sánchez Peña y Mariana de Jesús Rojo Sánchez, lo que provocó los cuestionamientos sobre la división. El grupo mayoritario en el Congreso ha perdido la mayoría que tenía, porque de 23 integrantes, muchos de ellos actúan por su parte y son rechazados por el resto de sus compañeros. Los morenistas ya van por la quinta transformación.

Se acumulan. Dicen que una nueva denuncia de juicio político en contra del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, se interpondría hoy en el Congreso del Estado por un grupo de ciudadanos, en tanto la de las ocho organizaciones civiles presentada el pasado lunes será ratificada para que se le dé el curso legislativo, lo que ha dividido opiniones, en el sentido de que los diputados locales tienen para actuar en contra del señalado, pero otros aseguran que no se dan las causales para separarlo del cargo. Los nuevos demandantes son encabezados por el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, tras haber interpuesto una denuncia penal por discriminación en perjuicio de la niña a quien Chapman le diagnosticó sobrepeso en su presencia. Los observadores señalan que el resultado de los juicios políticos y de la demanda de amenazas que interpusiera la síndica procuradora Angelina Valenzuela son inciertas, pero a lo que le ven más certeza es a la denuncia penal de discriminación que aparentemente cometió en perjuicio de la niña, que desembocaría en el juicio de procedencia. Dicen que en este caso el alcalde no tiene ni para dónde hacerse. ¿O sí? 

Desorden. La alcaldía de Rosario, que preside el panista Manuel Antonio Pineda, logró llamar la atención del Congreso del Estado, pero por las razones equivocadas: a propuesta del diputado de Morena Marco Antonio Zazueta Zazueta se instruyó a la ASE para que inicie una auditoría urgente por los desórdenes detectados en la administración de recursos públicos en el que se ha encontrado un pasivo sin fuentes de pago por 25.6 millones de pesos. A pesar de la difícil situación, el alcalde panista aceptó la propuesta del sindicato para entregar treinta nuevas plazas laborales en cuya lista de beneficiados se encuentra hasta su comadre Martha Ofelia Castillo Aguilar. El caso complicaría las aspiraciones que Pineda tiene por la dirigencia estatal del PAN, y para lo cual ha iniciado una serie de reuniones con los militantes por todo el estado.

Escoltas. La alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, dio su opinión sobre la iniciativa que desde el Congreso local los diputados de Morena buscan impulsar en lo que se refiere a los «guaruras» que traen a su cargo exmandatarios, políticos y empresarios, donde —dijo— si está determinado que por ley deben recibir dicho resguardo, nada tendrían que hacer, y sobre todo si se trata de víctimas de violencia. Leal López mencionó el caso de un expresidente municipal, que aunque no dio nombre, por su polémica se pudo saber que se trata de Ramón Barajas López, quien traía guardias todavía hasta hace poco, y dijo que hay otros que aun los tienen en sus casas, aunque en este caso no reveló nombres.

En alerta. El líder sindical de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Luis Alfonso Castro Inzunza, y su grupo de trabajadores están con el Jesús en la boca y muy preocupados por la situación económica que prevalece en la paramunicipal, pues temen que por dicha situación en determinado momento no se les vaya a pagar la quincena. El secretario general del sindicato de la Jumapaang asegura que hay una deuda de aproximadamente 200 mil pesos de prestaciones salariales y uniformes, lo cual podría llevar al colapso a la paramunicipal, por lo que todos los trabajadores se quedarían sin beneficios.