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Telecom: imposición o política

La decisión política que más reconocimiento le había dado al gobierno fue la reforma constitucional de las telecomunicaciones de hace apenas un año. Contó con un apoyo casi unánime. Fortalecía la rectoría del Estado. Aumentaba la competencia. Elevaría la calidad de los servicios de telecomunicación y reduciría sus costos.

Democratizaría los medios. Suavizaba el recuerdo del apoyo de las televisoras a la campaña presidencial. Ayudaba a presentar al presidente como un reformador ante la opinión internacional. La iniciativa de ley del presidente vino a confirmar que el reformismo tenía límites. La estrategia política para lograr su operación ha sido desastrosa. Del amplio apoyo que incluía a la oposición y al círculo rojo, se pasó a una reacción casi unificada de la opinión pública en contra de la iniciativa presidencial.

Son varios los errores que explican el desenlace desfavorable. El primero fue el cambio en la posición presidencial. Intentar con una nueva ley echar para atrás los avances que se habían alcanzado en la Constitución. Se vio mal. Se interpretó que el gobierno había cedido a las presiones de las empresas y que su convicción sobre la democratización de los medios no existía. Se empezó a ver a la reforma de las telecomunicaciones como un recurso táctico que utilizó el gobierno dentro del Pacto para lograr su objetivo central: la reforma energética. Los contenidos autoritarios de la iniciativa despertaron aún mayores sospechas.

El segundo error político fue intentar imponer la iniciativa sin ninguna negociación política y con una total falta de respeto al reglamento y al trabajo de comisiones. Se quiso dejar la reforma hasta el final del periodo legislativo, para forzar su aprobación en las últimas semanas. En la reunión de comisiones unidas se pretendía fuera aprobado un dictamen que nadie conocía. El desaseo fue puesto en evidencia. Pero en vez de reponer el procedimiento, se pretendió seguir con el libreto autoritario inicial.

El tercer error fue jugar de manera desleal con la oposición. Se apostó que si se dividían las bancadas se tendrían los votos suficientes para su aprobación. Se puso toda la operación y la comunicación en manos de un senador del PAN, quien rápidamente fue visto como vocero del gobierno. La presencia de un miembro del gabinete presidencial para respaldarlo no vino sino a confirmar la sospecha pública. En la mañana del día 24 se logró lo que muy excepcionalmente ocurre: prácticamente todas las caricaturas en la prensa vincularon al operador duro con el presidente duro.

Cuarto. Se confiaron en que los números les daban la seguridad de la aprobación. No se dieron cuenta del cambio en la opinión pública. No midieron con mayor finura cómo se fueron agregando fuerzas en contra. Cómo se reactivaron las redes juveniles (el hashtag #EPNvsInternet ocupó el primer lugar de trending topics a nivel mundial).

El gobierno, al romper los consensos constitucionales, desató una más intensa lucha de intereses. Fue un error subestimar a la oposición parlamentaria y a la opinión pública.

En las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, entre el presidente Enrique Peña Nieto y particularmente el Senado, se han definido dos modelos de actuación. Uno el de Telecom que es el del mayoriteo, la línea, la presión, la cooptación; es decir la imposición de la voluntad presidencial. El otro es el de la reforma al fuero militar y la Ley de competencia, en donde hubo debate, consulta a la sociedad, el cuidado de los procedimientos y negociación; es decir el de la política. En la semana anterior se pudieron observar los dos modelos. El de la política logró su objetivo y terminó con un respaldo general. En cambio, el de la imposición llevó a un desgaste innecesario, no logró resultados y tuvo un alto costo de opinión para el propio presidente. En la relación del presidente con el Senado se plantea una disyuntiva para el país: o es imposición, o es política.