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Telecomunicaciones: Constitución o restauración

Llegar a un acuerdo, para después desbaratarlo, es más caro que nunca haberlo hecho. Promulgar una reforma constitucional para después borrarla con una ley secundaria, inevitablemente debilitará a la autoridad y generará reacciones en cadena en su contra.

Más allá de las posiciones que cada quien ha tenido sobre la relación entre el poder público y los medios masivos de comunicación, el gobierno del presidente Enrique Peña ofreció que fortalecería la rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones para que todos se sometieran a la ley. Esa fue su respuesta política -acertada- en el momento más difícil de su campaña, ante el crecimiento de la protesta juvenil que reclamaba democratización de los medios y ante la oposición política que sostenía que su candidatura y los resultados de elección se los debía a sus compromisos con la televisión.

Recuperar la rectoría en las telecomunicaciones fue el compromiso principal del Pacto por México; fue el que justificó la participación de la oposición (panista y perredista) en el Pacto; y con ello, el compromiso que le facilitó sacar adelante sus otras reformas.

Ahora resulta que los avances que se habían obtenido en la materia con la reforma constitucional recientemente aprobada, quieren ser borrados por una legislación secundaria que en la práctica protege a los intereses, fortalece el carácter autoritario del régimen y vulnera derechos y libertades de los ciudadanos.

Antes de que este golpe contra la democracia se consume, el propio gobierno debería revisar sus pasos, pues ir en contra de la reforma que promovió y promulgó terminará por debilitarlo. La oposición panista y perredista, por su parte, no pueden un día aprobar una reforma y al día siguiente, dar marcha atrás. Los consejeros del Ifetel no pueden ejercer su autonomía, si no defienden las atribuciones que la Constitución les otorga. Y los ciudadanos no pueden quedarse callados, cuando de manera grosera se limitan sus derechos constitucionales.

La legislación secundaria en telecomunicaciones que el presidente Enrique Peña ha enviado al Senado ha provocado irritación en los especialistas en la materia y en los constitucionalistas. Es una enmienda que vendría a limitar la libertad de expresión, de protesta y la credibilidad en la palabra de la autoridad. Si el gobierno va a dar marcha atrás en lo pactado y promulgado (¡en la Constitución!), quién podrá tener confianza en los acuerdos que celebre con el gobierno.

Esta ley es un punto de inflexión que pone a prueba al gobierno y a la oposición. El formalismo, la cooptación y el control de los medios llevan al auto engaño y la destrucción de su imagen de gobierno reformador.

Al gobierno toca revisar su decisión para no echar abajo sus propios acuerdos. Si el gobierno no lo hace, las oposiciones tienen el camino de una acción de inconstitucionalidad que, de llevarse a cabo, colocará al Ejecutivo ante el riesgo, ahora sí, de una derrota mayor. A las oposiciones, corresponde cerrar filas para obligar a una negociación que regrese el proceso al cauce constitucional. A la sociedad y a la opinión pública independiente, le es crucial estar vigilantes y defender sus derechos a la libertad de expresión en el internet, los de las audiencias, la autonomía de los medios públicos y del sistema nacional de televisión y radio, los derechos de los medios comunitarios e indígenas, las reglas de preponderancia y competencia para operadores de telecomunicaciones como en la radiodifusión, la regulación a cargo del Ifetel y no de la Secretaría de Gobernación. Es decir que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, preservando la pluralidad y la veracidad de la información. Es Constitución o es restauración. Hay una solución: adecuar la iniciativa a lo que establece la Constitución. Sólo eso; ninguna otra cosa más.