Opinión

TERCER PISO

Por  Tercer Piso

En la mira. En un hecho inédito en Sinaloa, los alcaldes de los tres municipios más grandes del estado pasarán a la historia como gobernantes que atentaron contra periodistas y medios de comunicación al emplear un discurso de odio y campañas de desprestigio contra quienes publican notas informativas y reportajes que exponen las deficiencias de sus Gobiernos. La Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio presentó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos una queja y material en audio y video para probar las agresiones verbales que han hecho Manuel Guillermo Chapman Moreno, de Ahome; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán; y Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán, quienes han fracasado en la Cuarta Transformación, porque sus Administraciones han estado plagadas de irregularidades, mal servicio público y prácticamente nula obra pública e inversión privada; en cambio, han destacado por sus constantes ataques verbales contra reporteros y medios de comunicación.

Coletazo. El tema es añejo, que había recobrado vigencia en forma cíclica, pero ahora la detención de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano, dicen que puso nervioso a Guadalupe Camargo Orduño, exrector de la entonces Universidad Autónoma Indígena de México, porque la danza del dinero llegó hasta aquí. Incluso, algunos colaboradores suyos, quienes operaron y manejaron a su antojo parte del millonario recurso, todavía siguen en la institución, hoy Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. De hecho, en su tiempo, algunos desfilaron por el agente del Ministerio Público federal para que respondieran por los señalamientos de mal manejo de esos recursos que hoy tiene en prisión a Robles Berlanga. Se habla de que la Sedatu le pagó a la UAIM 106 millones de pesos por productos entregables que ya se habían pagado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, ello sin contar lo que hicieron con los recursos de la Sedesol del programa Cruzada contra el Hambre. Ya en la UAIS y la sociedad se sabe de quiénes se trata, por eso andan «paniqueados» tras la captura de la exfuncionaria peñista.

Recaudador. En Escuinapa, el alcalde morenita Emmett Soto Grave se está poniendo estricto en los cobros debido a las necesidades imperiosas de recursos. Como medida, el munícipe está desconociendo los acuerdos de Ceprofies que autorizó la anterior Administración municipal hasta por tres años, además, el consumo de agua potable que por 600 mil pesos mantiene pendiente de pago la dependencia federal en las instalaciones del CIP Teacapán. Al munícipe le urge el dinero, y muestra de ello es que al Congreso le está pidiendo aumentar el presupuesto 2019 de 181 millones de pesos a 400 millones de pesos. Como dicen en el pueblo: pedir no empobrece.

Inclusión. El que le ha seguido fallando a los guasavenses en cuestión de inclusión es el Ayuntamiento, y para muestra la falta de interés que se ha mostrado en cuanto a la necesidad de que se den facilidades para que las personas mayores o con alguna discapacidad accedan a las oficinas del segundo piso en el Palacio Municipal. Esto porque muchos de quienes acuden a realizar gestiones son precisamente personas que padecen condiciones físicas que les complican trasladarse hasta la segunda planta. En algunas ocasiones se ha tocado el tema en torno a la necesidad de instalar un elevador; sin embargo, a la fecha no se ha visto nada concreto para que esa posibilidad se materialice. Esta acción es algo inconcebible para un Gobierno que presume de pluralidad e inclusión, además es algo muy necesario. Ojalá que dentro de sus prioridades contemplen este proyecto, pues la dificultad es real y la padecen incluso algunos trabajadores de la comuna.

Exigen seguridad. La comunidad odontológica de Salvador Alvarado manifestó sentirse insegura y con temor no solo en sus consultorios, sino en sus domicilios, ante el lamentable asesinato de su colega, la dentista María Luisa Inzunza Wong. Cuestionaron la garantía de seguridad y paz al señalar que se encuentran en incertidumbre porque el asesino no ha sido detenido, y esto les infunde miedo. Reunidos para mostrar su indignación, enviaron un mensaje directo las autoridades competentes para un pronto esclarecimiento de los hechos y que caiga todo el peso de la ley contra el o los homicidas. Por lo que tanto al director de Seguridad Pública, Jaime David Silva García, como al alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, les compete ser el conducto más próximo para que se agilice el proceso de investigación.