Opinión

TERCER PISO

Por  Tercer Piso

Populismo. El Congreso del Estado y el grupo mayoritario son la muestra clara de que el populismo sale caro a los culiacanenses, porque si bien evitaron que este año aumentara el impuesto predial, para el 2020 tendría un incremento considerable, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de Culiacán en contra de la no actualización de los valores unitarios del suelo aprobada por el Congreso del Estado en diciembre del 2018 para su aplicación en este 2019. En el Congreso todavía desconocen cómo acatarán esta resolución, que sienta un precedente legal, pero se les advirtió mucho a los legisladores morenistas que esto podría ocurrir, pero su inexperiencia y actitud populista lograron evitar la actualización inflacionaria, y hasta lo celebraron, pero ahora tendrían que hacer una doble actualización. Así los costos de la Cuarta Transformación.

La demanda. Una vez que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa encontró al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, culpable de violencia política y de género en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, las presiones a los diputados locales se vinieron en cascada para que se le instaure el juicio político. La base sería esa sentencia que resolvieron de manera unánime los magistrados del Tribunal, como lo señaló el coordinador de Morena en Ahome, José Borunda, y otros líderes partidistas y de organizaciones de la iniciativa privada y civiles. Se habla de que el diputado Juan Ramón Torres Navarro va a analizar esa posibilidad en el Congreso del Estado, una vez que le declaró la guerra a Chapman. Lo cierto es que la más contenta es Valenzuela Benites, que ya pasó a la historia como la primera que denunció esa situación y ganó, para coraje de Chapman, que está esperando la notificación de la resolución. Dicen que ya está viendo cómo le saca la vuelta para no ser él el que le pida una disculpa pública a la síndica procuradora.

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¿Otro caso para el Teesin? En Mazatlán continúa la guerra entre el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres y la síndica procuradora Elsa Isela Bojórquez Mascareño. Esta última anunció hace unos días que el Ayuntamiento había perdido una demanda interpuesta por la empresa Nafta por la clausura de un proyecto de gasolinera. Al respecto, el alcalde advirtió que será la misma síndica quien deberá pagar de su bolsa los 140 millones de pesos que exige la empresa como indemnización, pues alargó demasiado el juicio sin permiso del cabildo. La funcionaria respondió que el presidente municipal «se ha perdido en el camino» de la Cuarta Transformación. Y en tanto el cabildo se pregunta cómo se pagará la cifra que equivale al presupuesto de varios rubros principales de la comuna, sigue la guerra mediática entre ambos actores que se mantienen confrontados desde las primeras semanas de la Administración.

Disipa dudas. Muy oportunamente, el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osbaldo López Angulo, se presentó para calmar las aguas y los ánimos de los abogados guasavenses, quienes ya veían cómo les «hacían de agua» los 30 millones de pesos que se etiquetaron para el Centro de Justicia Penal para este municipio y los vecinos de Sinaloa. Como reza la máxima popular, más vale tarde que nunca, y es que si bien restan pocos días para que termine el 2019, lo cierto es que si se aprueba un terreno, pueden iniciar fácilmente con las licitaciones y empezar a ejercer el recurso. Son tres propuestas las que hay hasta ahora, pero la más viable es la que se ubica en la zona de Las Crucecitas.

El adeudo. Los 126 textileros registrados en el programa estatal de uniformes escolares no han recibido el total de su pago. Se les adeuda aproximadamente 120 millones, motivo por el cual anunciaron que este día realizarían un plantón en la explanada de Gobierno en Culiacán. Una de las representantes de la asociación de textileros en Guamúchil aprovechó la visita en Salvador Alvarado del secretario estatal de Economía, Javier Lizárraga Mercado, para cuestionar qué avances hay en la fecha de pago, pero el secretario no mencionó una fecha definida y respondió que se podría tener una respuesta pronto. La representante le informó que se manifestarían este día, a lo que el secretario le respondió: «Allá nos vemos». El mes pasado se venció el plazo de pago que las autoridades acordaron con los textileros, por lo que ahora la exigencia va más allá de los oficios, los protocolos y las llamadas: demandan fecha y hora del depósito.

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