Opinión

Culiacán, noticia nacional por balaceras

TERCER PISO

Por  Tercer Piso

Militares se despliegan tras un enfrentamiento en la sindicatura de Tepuche, Culiacán.(Foto: El Debate)

Militares se despliegan tras un enfrentamiento en la sindicatura de Tepuche, Culiacán. | Foto: El Debate

Miércoles negro. Culiacán ha vuelto a ser noticia nacional por la violencia que provoca el crimen organizado, y desde el jueves negro, el pasado 17 de octubre, no se había registrado una cantidad tan alta de muertos en un solo día. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hay confirmados 17 fallecidos producto de una pugna entre grupos criminales, mientras la autoridad fue simple espectador, porque a pesar de las múltiples llamadas de emergencia que hizo la población, ni los policías ni los militares ni la Guardia Nacional acudió al auxilio, y hasta que terminó el enfrentamiento acudieron para hacer el recuento de esta batalla. Los cuerpos duraron casi veinte horas en ser llevados al Servicio Médico Forense, y en esta ocasión no hubo el despliegue mediático que acostumbra a hacer el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien mejor se quedó resguardado. Ya son muchos los hechos violentos en la zona norte del municipio, y el Gobierno sigue siendo rebasado por los criminales.

Cambios. Para sorpresas, la Administración de Billy Chapman se pinta sola. Resulta que ayer en Japama le tocó el turno de rendir protesta a Nitzi Caro Briseño López como subgerente de Tesorería de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. La nueva funcionaria es exportada de San Luis Potosí, por lo que no se sabe mucho de su trayectoria profesional, y por lo tanto no se conocen los méritos para formar parte de la Administración ahomense; sin embargo, como es por todos conocido que los nuevos funcionarios de Chapman, principalmente los del área de las finanzas, del dinerito, son foráneos, pues no debe extrañar que sean compañeros del pasado laboral del presidente municipal. Los ahomenses dicen que con que trabajen sería suficiente, pero hasta el momento nada se ha visto, solo que se traen con altísimos sueldos. La pregunta es: ¿por qué tanto nombramiento de jefes en la Japama, si ellos mismos han dicho que está en números rojos? De que quieren sacar dinero como sea, no hay duda.

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No cede. Mazatlán se mantiene en semáforo rojo por la cantidad de contagios y muertes generados por la pandemia del COVID-19. Tan solo el miércoles, 31 nuevos casos confirmados fueron ingresados a clínicas y hospitales, reportados llenos de enfermos por la misma causa. Sin embargo, esta emergencia ya no es notoria en las calles de ese municipio. Terminado el confinamiento por decreto del Gobierno federal, hay una movilidad social casi normal. Los negocios con venta de ropa, calzado, bisutería y otros han abierto, y el resto (hoteles, restaurantes y servicios de playa) se prepara para reactivarse a partir del 1 de julio. No hay una garantía de ello, pero el entusiasmo de los trabajadores y de los dueños de negocios con ese giro es fomentada por las declaraciones de funcionarios y gobernadores, quienes parecen haber olvidado que proteger la salud pública y salvar vidas debería ser en estos momentos la prioridad.

Lamentable. A meses ya de que en Guasave se empezaron a sentir los efectos del COVID-19, tristemente sigue habiendo gente que no cree en esta enfermedad, que a tantas familias ha enlutado, o, peor aún, teniendo posibilidades de recuperarse recibiendo la atención oportuna en los hospitales que hay en la ciudad, desistan de acudir y optan por buscar una recuperación ambulatoria. El caso ha resultado quizá algo favorable para el sector salubridad al no saturar los espacios que tienen aún disponibles para atender pacientes contagiados, y a la vez algo muy lamentable, pues hay personas que buscan la asistencia médica hasta que ya tienen pocas posibilidades de recuperación. Lo más lamentable es que existan personas que creen que asistir al IMSS o al Hospital General es buscar la muerte, pues dicen que todo deceso está siendo diagnosticado como COVID-19, lo cual resulta poco creíble. El llamado a la ciudadanía es a que no crea en falsos testimonios, y, de requerirlo, buscar atención oportuna, por su bien y el de quienes la rodean.

Las contradicciones. Tras una fuerte polémica del alcalde de Mocorito, Guillermo «Memito» Galindo Castro y uno de los exagentes policiales, la mañana de ayer se reunieron los abogados tanto de los expolicías como del Ayuntamiento de Mocorito para intentar negociar el pago de la indemnización de los empleados de Seguridad Pública, quieres fueran removidos de su cargo por no pasar el examen de control y confianza durante la Administración del expresidente José Eleno Quiñónez, y que tras ampararse y obtener el fallo a su favor hoy exigen que el Gobierno municipal cumpla. Sin embargo, parece que los acuerdos parecen no concretarse, porque mientras Enrique Román Gastélum, defensor legal de los exelementos de Seguridad, aseguró que se está demandando al presidente municipal Guillermo Galindo Castro; a Jaime Ángulo, tesorero municipal; y al director de SPyTM, Alberto Chávez; Carlos Pérez, abogado del Ayuntamiento, señaló que el documento está con el nombre del director de SPyTM solamente, lo que pretende eximir de responsabilidad directa a la primera autoridad del municipio. De cualquier forma, quien encabeza esta Administración es Galindo Castro, y se supone que es quien debe dar una solución, lo cual no hizo en un principio, y ahora la cuestión es legal, y parece que al trámite le buscarán darle largas, por lo que la duda es si tendrán voluntad de cumplir con quienes estuvieron al frente de la seguridad del municipio.

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