Opinión

Gobierno de Sinaloa admite posible rebrote de Covid-19 ante reactivación

Tercer Piso

Por  Tercer Piso

Personas captadas en días recientes en playas de Mazatlán.(Foto: El Debate)

Personas captadas en días recientes en playas de Mazatlán. | Foto: El Debate

Cuentas mochas. Que en este mes en las tarjetas de apoyo alimentario entregadas por el Gobierno estatal les descontaron 50 pesos, denunciaron algunos de los beneficiarios. Es muy importante que Ricardo Madrid, secretario de Desarrollo Social, aclare este tema, porque de 50 en 50 pesos es mucho dinero, y es importante conocer para dónde se fue o si se los van a entregar el próximo mes. Aunque es poco el apoyo, son muchas las familias que esperan con ansia que les depositen para poder llevar lo básico a sus hogares por algunos días, por eso es importante que, si no les aumentan, no les quiten.

El riesgo. Dicen que un grupo de morenistas de Ahome va a interponer un recurso de inejecución de sentencia en contra del presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, por desacatar la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece un sondeo abierto a la población para la elección de la nueva dirigencia, pero en la convocatoria expedida establece una encuesta solo a militantes en sus casas. Así, el riesgo es que el proceso siga, se elija una nueva dirigencia, que al final vaya a ser desconocida por el Tribunal Electoral por el desacato en la forma de elección. Eso es lo que algunos morenistas, incluidos los afines a Ramírez Cuéllar, están viendo que pueda pasar, lo que metería en serios aprietos al partido en pleno proceso electoral del 2021. Esto ocurre cuando se engolosinan con el poder.

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Sin precaución. Durante los últimos cuatro días, las playas de Mazatlán han permanecido colmadas por familias y grupos amigos que no se ven muy preocupados por el peligro que representa la pandemia del COVID-19. Las personas departen en los balnearios sin usar en su mayoría cubrebocas ni mantener la sana distancia, muy a pesar de la insistencia de marinos, policías y personal de Protección Civil. El gobernador Quirino Ordaz habló ayer de la situación, y admitió el riesgo de un rebrote de contagios a raíz de la reactivación económica. Por ello —dijo— la necesidad de que los ciudadanos se cuiden, pues también es necesario que la economía se reactive. Lo que no menciona el mandatario es cuál es el plan estratégico de su Gobierno para atender ese rebrote, que se podría generar al priorizar la reanudación de actividades no esenciales.

Abusos. La clase trabajadora no logra recuperarse del duro golpe que junto a los patrones ha sufrido a causa del COVID-19, pues a pesar de que muchos ya se reincorporaron a sus centros laborales, lo hicieron por necesidad y con pleno conocimiento de que podrían contagiarse al salir de sus casas. El problema ahora es que al presentar síntomas de contagio, muchos están siendo obligados a mantenerse en sus puestos laborales, y a los que bien les va los regresan a sus casas, pero no les están garantizando el pago del sueldo por no contar con una incapacidad expedida por el Seguro Social, lo cual resulta una falta grave de parte de la clase empresarial por su ausencia de compromiso con sus colaboradores. Ante esta situación no caería nada mal una inspección o un llamado de atención por parte de las instancias correspondientes en el estado y en la federación para meter en cintura a quienes quieran cometer abusos en contra de los trabajadores.

A ver si ahora sí. En el municipio de Angostura mucho se ha dicho que sancionarán financieramente, luego que negarían permisos de siembra, y solo se queda en palabras al viento, porque año con año en esta fecha el municipio se convierte en una bola de humo con tanta quema diaria, que incluso deja a la estación de Bomberos sin recursos de las acciones que realizan al llevarse esta práctica. Sin embargo, el pasado jueves, en el Congreso local fueron aprobadas las reformas al Código Penal del Estado en donde se tipifica los daños al medio ambiente como un delito, por lo que, al ser encontrados in fraganti, los productores serán acreedores de una sanción económica o bien la pena de hasta siete años de prisión. Lo que habla de que la alcaldesa Aglaeé Montoya deberá poner el orden para que este eterno problema acabe de una vez.

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