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Opinión

Falta claridad en el manejo de cuentas públicas que debe hacer el Congreso de Sinaloa

TERCER PISO

Por  Tercer Piso

Aspectos de una sesión virtual.(Foto: Comunicación del Congreso del Estado de Sinaloa)

Aspectos de una sesión virtual. | Foto: Comunicación del Congreso del Estado de Sinaloa

Ilegalidad. Una vez más, en el Congreso del Estado se puso en tela de duda la legalidad con la que operan el grupo parlamentario de Morena y la Comisión de Fiscalización en el dictamen de los informes de la Auditoría Superior del Estado sobre las cuentas públicas del 2018. Y todo esto producto de la interpretación que le dio el grupo mayoritario a la ley orgánica del Congreso, que modificó la forma de dictaminar, ya que históricamente las cuentas públicas se expedían como decretos, pero en esta ocasión la Comisión los hizo como acuerdos, con el fin de que el Ejecutivo estatal no pueda vetarlos, como ocurrió el año pasado, lo cual terminó en un controversia constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto. Y todo porque en este año no se hicieron las reformas para dejar bien clara la manera legal de tratar las cuentas públicas.

Justicia. Sinaloa tiene una deuda con los desplazados de la Presa Picachos en el sur de Sinaloa. Las viviendas en los seis pueblos que se construyeron para reubicar a los comuneros se están deshaciendo. En al menos dos de los casos (San Marcos y Las Iguanas) se tienen documentados ya las fracturas de muros y el desplome de los techos que entregó el Gobierno del Estado como parte de la indemnización durante la Administración anterior, que encabezó Mario López Valdez. Está pendiente, además, el fomento a los programas pesqueros y ecoturísticos emprendidos para integrar a los pueblos desplazados de Mazatlán y Concordia a una nueva economía. Ya ni hablar de la impartición de justicia por el asesinato de Atilano Román, quien lideró un amplio movimiento social por la justa indemnización de los miles de desplazados. Alguien lo asesinó en octubre del 2014, y aún no ha sido enjuiciado nadie por ello, muy a pesar de la promesa de una rápida investigación.

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El fondo. Signo de que traen la brújula extraviada o que el fondo es político, los productores morenistas del Valle del Carrizo tomaron ayer la caseta de cobro de San Miguel. Lo hicieron para exigir el pago de la producción de trigo que entregaron hace más del año a la empresa Multigranos, de Carlos Ramírez. El detalle está en que este problema ya se destrabó con la firma del fideicomiso para el financiamiento para pagarles a estos y a los productores cenecistas y privados que por meses se movilizaron para tal fin. Así, los productores morenistas protestan para un problema que está en vías de solución, pero no para denunciar y exigir al Gobierno federal de López Obrador el pago de los apoyos del ciclo 2018-2019 que se había comprometido a saldar, nada más que «se rajó». Y esto último sí que es un hecho y por el que no dicen nada. Claro, el Gobierno es morenista.

¿Dónde andan? Los que no se han dado a ver ni en redes sociales son los diputados federales por Guasave, Casimiro Zamora Valdez y Lucinda Sandoval. Los legisladores quizá aprovecharon la inactividad que provocó la pandemia del COVID-19 para relajarse, aunque desde antes de este problema no se les veía muy ajetreados, que digamos. Habrá que ver si su regreso a las actividades legislativas próximamente se ven con más brillo, y sobre todo que hagan buenas gestiones de recursos o acciones que beneficien a la ciudadanía, pues hasta ahorita no se les ha visto nada en concreto.

Va para atrás. Y decían que no en el municipio de Mocorito, y el mensaje de transparencia que traía el alcalde Guillermo «Memo» Galindo Castro en sus primeros años, comparando su sapiencia y conocer en el quehacer político en contra de su antecesor en la presidencia, asegurando que a él no le iba a pasar, que su Administración ganadora de transparencia y reconocimiento lo avalaba. Sin embargo, el dictamen de la cuenta pública del 2018 hace aclaración de 87 resultados con observaciones, entre los que destacan 19 pliegos en observación por un monto de más de 3 millones de pesos, así como se observó insuficiencia en recursos financieros del activo circulante libre. Por lo cual, deberán estar atendiendo estas observaciones y dejar de estar negando lo que ya indicó la ASE que se debe realizar.

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