Conéctate a El Debate

O conéctate con...

Usuarios registrados

Cancelar

0 0

Tiempo de derechos políticos plenos

Causa cierta perplejidad advertir que los derechos político-electorales de los ciudadanos son derechos privilegiados por el sistema jurídico, pero al mismo tiempo son derechos extremadamente limitados en sus potencialidades.

En efecto, basta advertir que el andamiaje electoral dispone de un centenar de instituciones federales y estatales dispuestas a garantizar el ejercicio del voto en elecciones periódicas, a protegerlo mediante diversos medios de impugnación, o a castigar conductas delictivas que atenten contra la libertad del sufragio; y que, en el extremo contrario, existe un conjunto de obstáculos para su goce efectivo derivado de la "feria de las desconfianzas" existente entre la clase política, a través de una lógica democrática endeble que presupone que la certidumbre y la confiabilidad de los comicios sólo puede obtenerse mediante la capitis diminucio de los derechos ciudadanos.

Las leyes generales que están por discutirse en el Congreso abren la posibilidad de avanzar decididamente en el ensanchamiento de los derechos ciudadanos. Ni duda cabe que las últimas reformas han redimensionado los derechos políticos al posibilitar la iniciativa ciudadana, la consulta popular y las candidaturas independientes. Las primeras ya fueron reguladas, pero las últimas requieren un adecuado marco legal que facilite la libre postulación de los ciudadanos a los diferentes cargos de elección popular a través de requisitos que no sean extremadamente gravosos y que garanticen el acceso a la radio y la televisión y el financiamiento público para sus actividades de campaña.

La reforma constitucional establece el derecho político a que hombres y mujeres sean postulados de forma paritaria en candidaturas a legisladores federales y locales, y para hacerlo efectivo la legislación deberá ser cuidadosa para establecer que cada partido político postule la mitad de sus candidaturas de un mismo género, que las mismas se integren con propietario y suplente del mismo género, puntualizando que la selección de candidatos a través de procedimientos democráticos no es excepción para el cumplimiento de la cuota.

Adicional a lo anterior, las leyes electorales pueden potenciar el derecho de los mexicanos que residen en el extranjero para ejercer el derecho al voto dentro de nuestro país, para presidente, como actualmente sucede, pero eventualmente para otros cargos de elección popular del ámbito federal y local e, incluso, el derecho a postularse como diputados migrantes para representar a ese gran número de connacionales que residen allende nuestras fronteras.

Es indispensable garantizar el voto de todos aquellos que el día de la jornada electoral se encuentren fuera de su lugar de residencia. Hoy en día no hay justificación para mantener el candado al límite de boletas y al número de casillas especiales que pueden instalarse. Resulta inexorable disponer de medidas especiales que faciliten el sufragio a ese gran número de mexicanos que sufren una discapacidad, obligando a que los lugares en el que se instalen las casillas cuenten con accesos adecuados, a tener boletas o plantillas en braile, mecanismos de votación por voz o, excepcionalmente, permitir el voto asistido por un familiar. Medidas similares deben preverse para acercar las casillas a los centros médicos para hacer posible que quienes se encuentren hospitalizados no se vean privados de su derecho a votar.

El tiempo de los derechos impone ajustar su ejercicio al contexto en el que deben ejercerse. Hoy en día los avances tecnológicos facilitan buena parte de la actividad humana y, en ese sentido, deben de ser aliados de los derechos políticos, lo cual obliga a dar pasos hacia adelante para implementar el uso de la urna electrónica o el voto por internet.

La Ley, en diálogo con la jurisprudencia, debe ser enfática al permitir el voto de quienes se encuentren sometidos a proceso penal mientras no estén privados de su libertad y en tanto no exista una sentencia firme en sentido condenatorio. La presunción de inocencia es un aliado de los derechos políticos. Así mismo, debe procurar que el voto de cada ciudadano valga exactamente lo mismo, y para ello debe prever la revisión y el ajuste cíclico de los distritos electorales, para evitar distorsiones en la representación política.

Finalmente, ¿no valdría la pena ir entrenando a nuestros jóvenes para la democracia? ¿Realmente los menores de 18 no tienen capacidad de autodeterminación política? Por qué no abrir la posibilidad para que quienes tienen entre 16 y 18 años puedan acudir a definir el rumbo de su país.

Es tiempo de derechos, de derechos plenos, y qué mejor que sea de derechos plenos para la participación democrática.

[email protected]