Opinión

Transparencia para creer en las reformas

Por: José González Morfín

Durante los últimos 20 meses, el Poder Legislativo aprobó más de una decena de reformas constitucionales de gran trascendencia para la vida económica, política y social de México. Para la administración del presidente Peña Nieto esto es un logro de la mayor importancia y en ello centraron su mensaje en el marco del Segundo Informe de Gobierno. Razón no falta. Las reformas tienen, en efecto, el potencial de detonar grandes transformaciones: atraer inversión en industrias clave como las telecomunicaciones y la energética, una mejora en la educación, la remoción de barreras al crédito, el fortalecimiento de las finanzas públicas. En fin, la lista de posibilidades es grande.

Sin embargo, hay que reconocer que hay escepticismo en sectores de la sociedad en torno a las reformas y sus resultados. Y una de las dudas que alimenta ese escepticismo es que éstas pueden abrir enormes oportunidades, pero que éstas pueden terminar monopolizadas por los mismos privilegiados de siempre, aquellos que cuentan con el poder económico o político para beneficiarse de las nuevas reglas del juego. Quienes tienen edad y memoria para hacerlo recuerdan otro gran proceso reformador en los años noventa. Pese a las bondades que tenía en el papel y en el discurso, en la práctica esas reformas terminaron siendo vistas como una transformación muy beneficiosa para pocos y muy costosa para muchos.

¿Cómo evitar que este nuevo ciclo reformador caiga en esa misma trampa? La respuesta está en la transparencia. El reto que enfrentamos está en lograr que la implementación de las reformas se someta a un férreo sistema de exigencia ciudadana y de rendición de cuentas. Si el gobierno recauda más gracias a la reforma hacendaria, que explique a detalle en qué y cómo está gastando el dinero de los ciudadanos; si está lanzando grandes proyectos de infraestructura, que la sociedad pueda seguir paso a paso los procesos de licitaciones, adquisiciones y construcción para que no haya duda sobre la calidad y eficiencia de las obras hechas con dinero público, como el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o las nuevas líneas de trenes interurbanos y del Metro por mencionar algunas. Si el gobierno abrirá a la inversión privada la industria petrolera y eléctrica, que haya plena claridad en las asignaciones de contratos y en los procedimientos de proveeduría.

La transparencia, en efecto no es la panacea: no asegura que funcionarios que hoy tienen nuevas facultades para repartir el pastel se vuelvan intachables de inmediato. Pero la transparencia sí eleva los costos de desviarse de la norma y abusar del poder, porque pone la lupa sobre la intersección entre el dinero público y los intereses privados. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis ahora: de la sociedad depende que la vigilancia sobre el gobierno ayude a que las reformas no rindan frutos para unos cuántos, sino que —con mayor rendición de cuentas y exigencia ciudadana— sus beneficios se pongan sobre la mesa y se repartan más equitativamente. Al final, eso es lo que buscábamos muchos legisladores que aprobamos estas reformas: construir vías hacia el progreso para los mexicanos. El Poder Legislativo tiene aquí una tarea de vigilancia y contrapeso que será de la mayor importancia para nuestro país en los años por venir. Sólo con reformas que generen beneficios para todos los ciudadanos podrán superar el escepticismo y volverse parte activa de la transformación de México.

Twitter: @jglezmorfin