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UAS: ¿cómo atemperar un conflicto en curso?

POLITEIA

Si alguna institución de nuestra superestructura social puede procesar con mayor sensibilidad los dramas y avatares de la vida colectiva, es la universidad. Me refiero a la universidad pública. De manera especial a la institución autónoma que le permite ejercer la libertad de cátedra, diseñar sus propias formas de organización y de gobierno, así como afirmarse como un centro superior de reflexión intelectual y ejercicio de la crítica, que se traduce en visiones anticipatorias y proyectos de futuro para la sociedad en su conjunto.

Por eso, la universidad es un centro de sobrecarga de la demanda social. A la institución se le pide de todo: desde seguir desempeñando con eficiencia su papel de canal de ascenso y movilidad social, hasta su inserción en el mundo del trabajo para responder a las exigencias del aparato productivo, pasando por la atención de demandas particulares de sus estudiantes y sus trabajadores.

Así, se expresa en ella una tensión permanente entre tradición y renovación; entre mirar al futuro y quedar anclada en el pasado. Lo normal es que este conflicto que acompaña su evolución histórica se resuelva en favor del progreso y la modernización, sin olvidar retrocesos y desviaciones que lastran su natural desarrollo histórico-lógico. De ahí que se requiera el talento de sus integrantes para resolver a través del diálogo, al margen de toda forma de intolerancia, los desencuentros que en su seno puedan producirse.

Y tengo para mí que, en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa está en curso un desencuentro. Esto, por el laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que obliga a la institución a suspender los descuentos a unos 400 trabajadores jubilados, cuyas aportaciones forman parte desde 2008 del Fideicomiso Pro Jubilación en esa casa de estudios, y devolver fondos que superan los mil millones de pesos, y permanecen intocados en cuenta bancaria, según autoridades de la institución.

Este laudo laboral, que se ha tomado con estricto apego a la legalidad, puede, lejos de atemperar los ánimos, desatar pasiones hasta ahora contenidas entre los actores en pugna. La resolución seguramente alentará a quienes hoy se sienten perjudicados a exigir a la institución el cumplimiento inmediato de la disposición, lo que chocará y seguirá chocando con la reiterada oposición de las autoridades universitarias a restituir esos fondos a los trabajadores jubilados.

No es un asunto de resolución fácil, dado que son años de desacuerdos en los que, lejos de buscarse algunos puntos de coincidencia, se ha venido ensanchando la brecha entre las partes, alentada, por un lado, por la opacidad en el manejo de los fondos y, por otro, en la creciente desconfianza de los jubilados sobre el destino de esos recursos.

El laudo no es ésta la última instancia, y la institución puede apelar, obtener un amparo y dar largas al asunto, pero con ello lo único que se logrará será ahondar la descomposición de las relaciones y tensar de manera innecesaria un ambiente de por sí enrarecido.

Al final, si se impone la ley, como es de esperarse, si impera la legalidad y el estado de derecho, los jubilados ganarán la batalla. Pero no estaría de más que empezaran a revisar si a la institución se le puede exigir y demandar como si fuera cualquier centro de trabajo.

Sobre eso volveré en la próxima entrega.

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