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Un Código para todo México

La reciente promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales que hizo el presidente Enrique Peña Nieto marca el camino para una transformación radical del procedimiento penal. Se trata de una norma que va a sustituir a los 33 códigos de procedimientos penales que hoy están en vigor en el país.

El nuevo Código tiene su antecedente en la importante reforma constitucional del 18 de junio de 2008 que incorpora principios modernos para la justicia penal y obliga a que existan juicios orales en todo el país. A partir de esa fecha varias entidades federativas comenzaron a implementar el nuevo sistema penal, con distinto grado de éxito. Cabe destacar el enorme esfuerzo que han hecho entidades federativas como Chihuahua, Baja California, Oaxaca, el Estado de México y Morelos entre otras para ofrecer a sus habitantes un sistema de justicia penal más moderno y sobre todo más transparente.

Es en ese contexto en el que surge el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contiene una detallada regulación sobre los derechos de víctimas y procesados, a la vez que exige altos niveles de defensa técnica (cosa que hoy no sucede, puesto que muchos litigantes y defensores públicos en materia penal tienen un nivel profesional desastroso) y prevé lo relativo a las salidas alternativas al juicio con el objetivo de darle agilidad a muchos casos de delitos leves que deben ser arreglados antes de llegar ante un juez.

La apuesta del nuevo Código es bastante alta y se va a topar con distintos grados de resistencia, sobre todo por parte de los abogados que están acostumbrados a trabajar en un esquema en el que el procedimiento penal es secreto desde el inicio hasta el final, y en el que con frecuencia se propician actos de corrupción que a la postre generan todo tipo de atropellos: desde un altísimo grado de impunidad (98% de los delitos cometidos no se castigan, según el INEGI) hasta el encarcelamiento de personas inocentes que pasan muchos años tras las rejas porque no tuvieron suficiente dinero para ofrecerle el Ministerio Público o al juez.

La existencia de un sistema de juicios orales, tal como lo prevé el nuevo Código, no es una vacuna absoluta contra la corrupción, pero, sin duda alguna, genera mejores incentivos que los que tiene el actual sistema.

El hecho de que todo lo que se actúe deba ser público ya de por sí es un avance. Como lo es también el hecho de que los estudiantes de derecho y cualquier ciudadano interesado puedan acudir a una sala de audiencia y presenciar en vivo el desahogo de un proceso. Eso puede convertirse dentro de unos años en la mejor escuela de formación para los futuros abogados y también en un laboratorio para tener una ciudadanía que esté bien informada sobre la forma en que se juzga a quienes han sido acusados de haber cometido un delito.

Ahora bien, el hecho de contar con un nuevo Código no cambia por sí solo la realidad. De hecho, las reglas que contiene el Código nos ofrecen una serie de desafíos sobre los que mucho se ha hablado, pero en lo que hay que seguir insistiendo. Necesitamos, con urgencia, un movimiento nacional de capacitación para todos los involucrados en el sistema penal: ministerios públicos, jueces, policías, peritos, abogados litigantes, etcétera.

Necesitamos también construir la infraestructura necesaria para que los juzgados y tribunales cuenten con el espacio físico indispensable para la realización de las audiencias de juicio oral (eso supone una inversión cuantiosa de recursos, ya que a nivel federal y en muchas entidades federativas todavía no se ha avanzado nada al respecto).

Es igualmente indispensable formar nuevos profesionales en escuelas y facultades de Derecho: personas que estén capacitadas para hablar bien en público, que puedan presentar sólidos argumentos de un caso y que cuenten con el entrenamiento necesario para desempeñarse en el nuevo sistema penal.

También se requiere de una profunda renovación de la literatura jurídica con la que estudian tanto los abogados como quienes todavía no egresan de la carrera: la mayor parte de los libros de texto disponibles hablan de un proceso penal que ya no va a existir dentro de muy poco tiempo, por lo que su contenido tiene una muy próxima fecha de caducidad.

Como se puede ver, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales es un avance para poder contar con un sistema penal más transparente y que genere mejores resultados. Pero el trabajo no termina con su expedición, sino que apenas empieza. No nos demoremos en acometerlo.

Twitter: @MiguelCarbonell