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Un acuerdo político para garantizar la sostenibilidad fiscal de Sinaloa

DOS MÁS DOS

La sostenibilidad fiscal de los Ayuntamientos es demasiado importante como para dejarla únicamente en manos de los alcaldes. Es inaplazable poner un freno al ejercicio discrecional e irresponsable de los recursos públicos.

El deterioro de las finanzas municipales, expresado en déficits persistentes, elevado nivel de deuda y falta de liquidez, plantea la necesidad inmediata de que el Gobierno del Estado y los ocho partidos políticos suscriban, en el marco de la mesa de trabajo Compromisos por Sinaloa, un "Acuerdo para la Sostenibilidad Fiscal en Sinaloa".

Es penoso que el logro más importante de los alcaldes, quizá el único, durante su primer mes de gestión sea el pago de la nómina. Ello es preocupante porque envían una pésima señal: están presupuestalmente impedidos para brindar mejores servicios públicos.

Más que regocijarnos con los problemas de las haciendas públicas municipales, debemos ocuparnos, colectivamente, de garantizar la sostenibilidad fiscal de los gobiernos locales.

Es apremiante asegurar el manejo responsable de las finanzas públicas locales, con ahorro en épocas de bonanza y desahorro en periodos de escasez, de forma tal que la inversión social se mantenga estable a través del tiempo. Ello beneficiará en especial a los sectores más vulnerables de la población; también, contribuirá a generar un entorno favorable para el crecimiento económico y la generación de empleo.

La sostenibilidad fiscal es sustancial para el progreso económico y social de Sinaloa. Permite que, en todo momento, el Ayuntamiento pueda cumplir cotidianamente con su deber constitucional de proveer los bienes y servicios públicos a que la sociedad tiene derecho. Asimismo, a mediano y largo plazo, es factible alcanzar importantes objetivos colectivos, como la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

El acuerdo puede garantizar la conducción de las finanzas públicas por el camino de la sostenibilidad, fortaleciendo la institucionalidad y reivindicando la transparencia. Para ello será necesario concretar una iniciativa legal sobre responsabilidades administrativas para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo social. Este marco jurídico permitirá que los gobiernos locales edifiquen un espacio fiscal para financiar sus funciones básicas, así como también para disponer de la solvencia y liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones.

En la mesa Compromisos por Sinaloa, el gobierno, junto con los partidos políticos y juristas, debería discutir y presentar un proyecto legislativo para decretar la estabilidad fiscal como un derecho colectivo.

Es justo y políticamente rentable volver a dar a los sinaloenses la certeza del equilibrio presupuestal. Esto, además de garantizar haciendas públicas eficientes, enviaría una señal de certeza económica y madurez política a inversionistas potenciales.

Alguien tiene que dar el primer paso. Ese alguien no puede ser cualquiera.

[email protected] Twitter: @E_Aviles_8a