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¿Un ataúd para la corrupción?

Atrapada entre la frenética actividad legislativa que intenta avanzar en la construcción del nuevo marco legal yace olvidada la reforma anticorrupción. Entre los muchos pendientes que debe desahogar la Cámara de Diputados en las pocas sesiones que restan del periodo ordinario está votar el dictamen de la minuta que crea el órgano anticorrupción. En el caso que se modificara lo aprobado por el Senado el asunto debe ser devuelto a ese órgano para una nueva consideración. El tema corre el riesgo de posponerse una vez más (la iniciativa original se presentó a finales de 2012). Todos los días las primeras planas de los periódicos nos recuerdan que la corrupción sigue siendo el talón de Aquiles del país. Con angustia y frustración todos conocemos historias y experiencias que refuerzan la percepción de impunidad y la proliferación de prácticas que socavan la confianza y minan la credibilidad de las instituciones. Peor aún, las reformas estructurales, para ser efectivas, requieren de un entorno en donde la corrupción pueda ser controlada y limitada. Nada de eso parece suceder o importar.

En este contexto hay que reiterar que debemos abandonar la idea errónea de que la corrupción se combate castigando a los corruptos, sin modificar las causas que la generan e incluso la incentivan. La creación de un órgano anticorrupción no puede resolver por sí mismo el problema. La experiencia internacional muestra resultados mixtos en la labor de este tipo de instituciones, algunos exitosos, pero muchos otros con efectos limitados o poco satisfactorios. El combate a la corrupción para ser eficaz requiere de políticas sostenidas y debe integrar un conjunto de elementos —instituciones, procedimientos, normas, recursos— muchos de los cuáles ya existen pero están desarticulados. El gran riesgo de la reforma pendiente es aumentar la fragmentación de esfuerzos. El Congreso tiene la oportunidad de establecer nuevas bases que permitan crear sinergias con otras reformas constitucionales recientes y avanzar en la lucha contra este fenómeno que a todos lastima y frena el crecimiento.

Si el Congreso acelera el paso y toma en serio el tema lanzaría el mensaje correcto. Puede hacer algo más y es mejorar el diseño del órgano anticorrupción para introducir algunos elementos que ha propuesto la Red para la Rendición de Cuentas. Así, por ejemplo, puede acentuar las labores de prevención y corrección y dejar a la nueva fiscalía el peso de la persecución penal. En otras palabras, además de fincar las responsabilidades administrativas y resarcitorias, las funciones centrales del órgano deberían estar encaminadas a investigar las redes más importantes de corrupción y emitir las recomendaciones preventivas y correctivas de carácter institucional, organizacional, procedimental y normativa. Estas recomendaciones deben de ser públicas y vinculatorias para las autoridades responsables. Finalmente el diseño de la Comisión debe de ser fortalecido con la creación de las instancias intergubernamentales de coordinación de acciones con otros organismos autónomos y los poderes, así como con un auténtico consejo consultivo ciudadano que acompañe críticamente la labor de la nueva institución.

Asumamos que el combate a la corrupción no se logra con la exigencia de acciones "definitivas" y "contundentes", que solo añaden demagogia pero no contribuyen a enfrentar el problema. La reducción de la corrupción requiere de años de políticas sostenidas e instituciones creíbles. Esto es posible siempre y cuando hagamos un cambio, pero no uno marginal y tímido, sino mediante una auténtica revolución, un gran impulso que sea capaz de cimbrar no sólo a las instituciones públicas y privadas, sino también a las conciencias. Este es el tamaño del reto.

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