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Un fiscal "a modo"

GUASAVE

Con la inesperada muerte de Marco Antonio Fox, titular de la Auditoría Superior del Estado, tras la convocatoria se abre en el Congreso local el análisis para la respectiva aprobación de las personalidades que podrían inscribirse en el proceso para elegir al sucesor.

Hasta ayer no había precisión en cuanto a los posibles aspirantes a la ASE, pero en los corrillos políticos se empezaron a manejar algunos nombres que buscarían la posición, entre ellos, Antonio Vega y los guasavenses César Valenzuela Espinoza y Gabriel Castro Álvarez.

Desde luego, apenas quien tiene dos dedos de frente dejaría de maliciar que la designación del auditor no estaría marcada por los intereses de todo jaez que se mueven, en torno a la operación financiera de la Cámara de Diputados.

Obviamente si fuera el caso, se asumiría como un detalle menor, porque finalmente el Congreso es como institución responsable de la actuación buena o mala del fiscal en su deber de cuidar los recursos públicos, lo grave sería que se confirmara la sospecha de que la "línea" para tal efecto, eventualmente se dictaría por poderes externos.

Nadie ignora que al gobierno estatal es a quien mejor le convendría tener un fiscal "a modo", no tan quisquilloso como lo fue Fox, según lo demuestran los expedientes abiertos sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de la administración estatal.

Y en ese escenario, el líder parlamentario, Jesús Enrique Hernández Chávez, y los diputados de todos los partidos deben operar con mucha pulcritud el proceso sucesorio del auditor para no dar lugar a las sospechas.

Por bien de su propia imagen tan deteriorada a los ojos de la sociedad, tendrán que dejar clara su independencia frente a cualquier interés ajeno al de los sinaloenses, por lo menos en este asunto tan delicado para la sanidad política del Poder Legislativo.

La designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado será la prueba del ácido para el Congreso de Sinaloa y según sea el perfil de la trayectoria y "etiqueta" política del agraciado, podría aclarar en definitiva si realmente es una entidad autónoma, ajustada a la Constitución y no como la mayoría de los ciudadanos juzga: un títere del Poder Ejecutivo en turno.

Otra interrogante que se despejaría, según sea la decisión, es quién verdaderamente detenta el control del comportamiento de los diputados: si el gobierno panista del estado, el priista de Enrique Peña Nieto o si finalmente el mismo Congreso dispondrá a su arbitrio la elección en función de los intereses del estado y no de las camarillas políticas.

Claro a la actual administración local le gustaría no tener fiscalmente esa "piedra en el zapato" y por su lado quizá el gobierno federal priista está pensando en imponer a los diputados al nuevo auditor que mejor convenga a sus propósitos electoreros para contar con "el garrote" de la información del manejo financiero de aquel, por lo que pudiera ofrecerse en los siguientes años que serán eminentemente electorales.

En medio de esa discusión que empieza a abrirse, el diputado local Jesús Burgos hizo un llamado a sus colegas para estar a la altura de lo que esperan los sinaloenses, "porque hoy en día la sociedad exige una rigurosa fiscalización de los recursos públicos producto de los impuestos".

Advirtió igual que en la designación del auditor, la Cámara está obligada a mandar una contundente señal de certeza y preeminencia que debe tener la fiscalización de los dineros del pueblo.