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Un nuevo diálogo con la insurgencia armada

La difusión reciente de un comunicado del grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo en el estado de Guerrero fue sin duda la primera señal de vida que un movimiento armado le envía al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Esta señal de vida fue un desafío para este gobierno, que tiene como una de sus metas principales lograr un "México en paz", y obliga a pensar en las oportunidades para reiniciar conversaciones formales con la oposición política levantada en armas en el país.

Aunque el anuncio de las FAR-LP haya sido probablemente un acto localista de un grupo que carece de una fuerza política o armada significativa, sería erróneo pensar que ya no hay guerrillas verdaderas en México. Ese error ha sido cometido históricamente por gobernantes mexicanos que olvidan o desestiman el hecho de que las insurgencias armadas se reconstruyen en ciclos de 20 años en este país.

Aunque los sistemas de inteligencia han depurado sus métodos de detección de nuevos grupos armados o de personas que intentan acercarse a los existentes, las actuales condiciones de abandono de comunidades en el sureste mexicano y la prevalencia de campañas de hostigamiento gubernamental hacia organizaciones sociales han mantenido espacios de inconformidad y rebeldía favorables a la multiplicación de células armadas.

La experiencia histórica mexicana demuestra que los residuos de movimientos armados que fueron destruidos por las ofensivas del gobierno toman aproximadamente cerca de dos décadas en reconstituir sus fuerzas, reclutar más efectivos, conseguir recursos y realizar acciones. Cuando resurgen estas guerrillas, el gobierno responde con el músculo militar y con campañas contrainsurgentes que dejan tras de sí una estela de violaciones a los derechos humanos, matanzas y crímenes de Estado.

Ese periodo de reconstrucción estaría próximo a cumplirse. Los zapatistas, por ejemplo, conmemoraron hace unos días el 20 aniversario del alzamiento armado del 1 de enero de 1994. La conmemoración fue pacífica, pues el zapatismo evolucionó hacia la organización de comunidades autónomas en Chiapas, pero el núcleo militarista del EZLN sigue ahí y nunca ha levantado la declaración de guerra en contra del Ejército mexicano.

Los miembros del Ejército Popular Revolucionario, por su parte, tampoco están en tregua e insisten en la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sus dos dirigentes desaparecidos en mayo de 2007 en Oaxaca. Hasta el momento, el nuevo gobierno federal no ha mostrado interés público en revivir la Comisión de Mediación, disuelta en octubre de 2012.

Basados en una estrategia clásica de guerra popular prolongada, los movimientos armados intentan sistemáticamente reorganizarse en la clandestinidad antes de lanzar campañas de propaganda armada más fuertes y significativas.

El problema para el gobierno es que ahora hay menos condiciones para recurrir a las prácticas represivas de gobiernos anteriores. El gobierno no puede recurrir, sin perder legitimidad política, a los métodos de la guerra sucia que practicó en los años 70, cuando la Brigada Blanca ocasionó estragos en las filas insurgentes a través de campañas de terror, tortura, asesinato y desaparición forzada.

Ahora que los líderes más importantes de esa guerra sucia han fallecido —los generales Francisco Quirós Hermosillo (2006) Mario Arturo Acosta Chaparro (2012) y Miguel Nassar Haro (2012)— es fundamental que el gobierno se aleje de las prácticas represivas del pasado y dé un paso de acercamiento con los movimientos armados para hallar nuevas vías de diálogo.

Tampoco hay espacios para regresar a la respuesta de saturación militar de las comunidades indígenas que presuntamente colaboran con los movimientos armados. Las capacidades del Ejército fueron volcadas en los últimos años hacia el combate urbano con células de la delincuencia organizada y ahora están distantes de tener la misma capacidad y equipos necesarios para contener movimientos armados en terrenos rurales y montañosos.

El Ejército tampoco estaría en condiciones de vivir otra vez el desprestigio causado por las acusaciones contra soldados que cometieron ejecuciones extrajudiciales durante la supresión del alzamiento armado de 1994. Y sería impensable pensar en el apoyo, ya sea de las filas civiles o militares, hacia los grupos paramilitares cuya actividad vivió su momento más crítico con la llamada matanza de Acteal, Chiapas, ocurrida en 1997.

Si el gobierno quiere en realidad un México en paz, tendrá que tomar la iniciativa de emprender nuevas conversaciones de paz, presentar a los desaparecidos, desalojar comunidades, reducir los motivos de inconformidad y rebeldía. No importaría si prevalece la noción de que los movimientos armados están debilitados y son, en teoría, una amenaza inexistente a la seguridad del país.

La realidad puede ser muy diferente.

debate@debate.com.mx