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Un paso adelante en la justicia militar

Por primera vez en décadas, el Senado de la República tomó un paso firme hacia el desmantelamiento de las barreras jurídicas en nuestro país que impiden que los militares rindan cuentas ante tribunales civiles cuando violan los derechos humanos de la población.

Aunque aún falta la aprobación de la Cámara de Diputados, es casi un hecho que la próxima reforma al Código de Justicia Militar permitirá que los soldados de tierra, mar y aire enfrenten la justicia civil cuando hayan sido acusados de uno o varios delitos del fuero común o federal.

Es una lástima que esta ley empiece un curso sólido de aprobación luego de que, por más de 20 años, las misiones militares contemporáneas han puesto a las Fuerzas Armadas en constante roce con la población y siempre bajo el riesgo de violar derechos humanos mientras cumplen las órdenes de desmantelar grupos de civiles armados, ya sea dedicados a la insurgencia o al narcotráfico.

La dimensión de la aprobación del Senado es aún mayor porque significa que México habrá cumplido con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2009, que ordenaba a México modificar el Código de Justicia Militar para que los militares pudieran ser juzgados en tribunales civiles en aquellos casos donde esté involucrada la violación de los derechos humanos de un civil.

Algunas implicaciones serán aún mayores para los militares involucrados en delitos del fuero común o federal. Hasta ahora, algunos militares conseguían amparo del Poder Judicial porque el Código de Justicia Militar es inconstitucional por haber sido aprobado por el Poder Ejecutivo federal en 1933, en un momento de la historia mexicana en el que no había Congreso.

La reforma al Código de Justicia Militar, aunque no elimina esa condición inconstitucional, sí hace más difícil que los militares acusados de haber cometido un delito del fuero común o federal reciban el amparo de la justicia en contra de sentencias contempladas en leyes civiles que no tienen conflicto con la Constitución. Esa reforma disminuirá las posibilidades de que siga habiendo impunidad militar.

La oportunidad que se presenta es que ahora puede existir una colaboración real y efectiva entre las cortes civiles y militares para juzgar toda la gama de delitos que ocurren en un caso de violación a los derechos humanos, incluidos aquellos directamente relacionados con la disciplina militar.

A final de cuentas, el reto principal es evitar que los soldados cometan delitos, ya sea de naturaleza civil o militar. Eso se logra, por una parte, terminando con la impunidad y por otra parte, asegurando que el mando civil tome la decisión de meter a los militares a sus cuarteles y combata la insurgencia armada y la delincuencia organizada por otros medios distintos al simple uso de la violencia de las Fuerzas Armadas.

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